El Consejo de Gobierno de Aragón ha acordado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, dotado con un millón de euros, para la gestión de las viviendas de alquiler social del ejecutivo y el asesoramiento y mediación en deuda hipotecaria.

La sociedad Zaragoza Vivienda asume la gestión de los pisos que le sean asignados por el Gobierno de Aragón que se encuentren en el término municipal de Zaragoza y deberá aportar a la Red de Bolsas de Viviendas otras 50.

Mediante este convenio, el Gobierno de Aragón pretende proporcionar alquileres económicos y atender las necesidades de los colectivos más desfavorecidos en riesgo de desahucio con una mediación profesional y con recursos a su alcance.

El consistorio asesorará al titular de la vivienda para cumplimentar la solicitud de inclusión de la vivienda en la red para el alquiler social; suscribirá, en su caso, el correspondiente contrato de arrendamiento de la vivienda con los beneficiarios y asesorará y proporcionará información a los posibles beneficiarios de las viviendas sociales.

También está obligado contratar y abonar las pólizas de seguros correspondientes y a la tramitación y abono de las fianzas arrendaticias, así como de los recibos de la comunidad de propietarios.

El Ayuntamiento de Zaragoza hará un seguimiento del estado de conservación de las viviendas y de la situación personal, económica y familiar de los inquilinos; gestionará las reparaciones necesarias y prestará asesoramiento en relación con las incidencias que suscite la relación arrendaticia, además de tramitar el cobro de las rentas a los inquilinos y el pago a los propietarios, entre otros.

Este acuerdo también prevé la necesidad de dar una respuesta inmediata a las solicitudes remitidas por los juzgados para atender a las personas víctimas de desahucios que estén en situación de vulnerabilidad.

Respecto al programa de asesoramiento y mediación hipotecaria, el Ayuntamiento gestionará la oficina administrativa y se encargará de diseñar el proceso de intervención con las familias afectadas proporcionando información, orientación, valoración de la situación socioeconómica y asesoramiento, que incluya un plan de viabilidad y coordinando el desarrollo de una mediación especializada en caso necesario.