Finalmente, el Ayuntamiento de Zaragoza no pagará la paga extra a sus funcionarios, a pesar de la aprobación de varias mociones en las que el consistorio y el propio grupo socialista se comprometía con el abono de la parte proporcional que era susceptible de escapar del decreto del Gobierno central. El pago, sin embargo, estaba supeditado a los informes técnicos que avalasen que la decisión era legal. Y no ha sido así.

De este modo, el sindicato CCOO criticó ayer que Régimen Interior ya haya comunicado a la representación sindical la intención de suprimir la extra. Y UGT anunció que se iniciarán acciones de protesta y legales para seguir reivindicando este pago.

El consistorio se escuda en dos informes desfavorables, uno del interventor y otro de los servicios jurídicos municipales, que concluyen que el real decreto es de obligado cumplimiento. "Desde una perspectiva puramente jurídica debemos concluir en la improcedencia de que sean efectuados abonos parciales o totales de la paga extra del mes de diciembre del 2012", establece el informe de los servicios jurídicos. En la misma línea que el del interventor: "La finalidad (del decreto) resulta de obligado cumplimiento en el Ayuntamiento de Zaragoza".

De este modo, el ayuntamiento asegura que no cabe interpretar que el 25% devengado ya hasta la publicación en el BOE del decreto, es decir, la parte proporcional de la paga, pueda ser abonado. El propio alcalde Juan Alberto Belloch salió ayer al paso de las críticas en una entrevista en Radio Zaragoza, en la que aseguró, en tono irónico, que "destituiría 24 horas" a la responsable de Régimen Interior, Lola Ranera, "para nombrar" a quien propone el pago de la extra "si luego asumiera la responsabilidad en los tribunales".

UNA "DECISIÓN POLÍTICA" Lo cierto es que la decisión no ha sentado bien a los colectivos sindicales. De hecho, desde CCOO se aseguró ayer que, a falta de hacer una lectura detallada de los informes, " cabe señalar que el informe del interventor no es vinculante, en caso de discrepancia es el órgano político el que decide". Y apelan para ellos a la ley de Haciendas Locales.

Además, indicó el colectivo sindical, el otro documento --el de los servicios jurídicos-- "en todo caso es contradictorio con otros informes que se han emitido sobre el asunto". Y citaron el de la Defensora del Pueblo, cuyo gabinete jurídico, "al menos, nos merece tanto respeto como el municipal", apuntó.

En este sentido, el sindicato recordó que, en su resolución de 15 de octubre la Defensora del Pueblo, "dejaba claro" que la aplicación del decreto "no podía ser con carácter retroactivo" y que incluso podía ser susceptible de una cuestión de inconstitucionalidad.

"Por lo tanto, y al final, la responsabilidad es política. Después de marear el asunto con tres mociones favorables al pago del 25%, los responsables municipales se escudan en los informes jurídicos para no abonar la paga", explicaron desde el colectivo sindical.

CCOO argumentó en un comunicado enviado ayer a los medios en los que no ahorraba críticas al Gobierno municipal que si existía margen de maniobra legal, debía interpretarse por parte del equipo de gobierno "a favor de su personal". "La falta de valentía política del equipo de Gobierno le hace coincidir con los objetivos del gobierno del PP. Y evidencia su cinismo: digo que sí, y hago justo lo contrario", aseguraron.