La Sociedad de Economía Mixta (SEM) de Los Tranvías de Zaragoza no descarta recurrir por la vía judicial la reclamación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de los 12 millones de euros que habría aportado de más en concepto de subvención de capital para impulsar el proyecto de la línea 1. Esta fue la conclusión de una auditoría externa encargada por el anterior Gobierno de ZeC a Moore Stephens y que ahora utiliza el Gobierno de PP-Cs para reclamar la cuantía. Tampoco descarta la SEM, según avisa en las alegaciones presentadas, interponer un recurso contencioso administrativo contra «la desestimación presunta» (por la ausencia de respuesta) de su petición de reequilibrio formulada el 21 de julio por la pérdida de usuarios durante la pandemia.

La auditoría (del 2017) concluyó que la puesta en marcha de la línea 1 costó 319 millones, de los que 290 correspondían a la inversión inicial prevista en la oferta de lanzamiento. Sin embargo, finalmente se invirtieron 281, nueve millones menos. Y es por este motivo por el que el consistorio le reclama a la SEM 12 millones (son tres más por la actualización de los valores). Es decir, que según el ayuntamiento la aportación de fondos públicos fue superior a lo debido. Desde Los Tranvías lo niegan y responden en su escrito que fue el consistorio el que redujo su inversión inicial ya que adquirió unos suelos para instalar las coches que fueron tasados en 7,6 millones en lugar de 10,8 que estimó el consistorio.

En sus alegaciones inciden en que, según el contrato entre ambas partes, «los pagos en concepto de subvención de capital no están vinculados a la inversión ni al coste de la obra», por lo que no «procede» reclamación alguna. Añaden que el pliego de cláusulas administrativas «no faculta» un reajuste de esta índole y que «no debe olvidarse» que las subvenciones de capital se devengaron entre el 2010 y el 2013, es decir, durante las obras, y en consonancia con los cumplimientos de los distintos hitos diferenciados de los trabajos. Desde Los Tranvías alegan que el consistorio «verificó, validó y aprobó, dictando actos administrativos firmes en ejecución» que, en caso de alterarse, tendría que ser mediante su anulación. De hacerse, advierten que «ser reservan acciones de toda índole».

Además de apoyarse en varios dictámenes que, según la SEM aprueban que el proceso llevado a cabo se recoge en todo momento en los pliegos administrativos, aseguran que la propuesta contiene «numerosas contradicciones, transcripciones sesgadas y tendenciosas», por lo que se reserva también en este caso «las acciones de todo orden si el ayuntamiento decidiera continuar con este expediente» que, precisa, es «contrario a derecho» y manifiesta «una desviación de poder».

Por otro lado, y al considerar que la auditoría de Moore Stephens incurre en errores, han encargado un nuevo dictamen pericial que aportará para completar alegaciones.