El Ayuntamiento de Zaragoza recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia que anula la modificación del plan especial que ampara la licencia del híper de Utrillas.

Según informa el Ayuntamiento, el objetivo es tratar de evitar el cierre de los locales que se sitúan en las plantas sótano y conseguir seguridad legal para esta gran superficie, que está consolidada en el sector tras 14 años de funcionamiento.

Esta decisión, que se dictaminará en la Comisión de Pleno de Urbanismo que se celebrará el próximo jueves, 29 de mayo, deberá ratificarse en Pleno.

El ayuntamiento indica que el Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de la ordenación urbanística del entorno del centro comercial tras un largo proceso judicial y después de un pronunciamiento favorable a las tesis municipales por parte del TSJA sobre la construcción y explotación comercial de la planta sótano, asunto que ha enfrentado a la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios (ECOS) con el consistorio.

En la exposición para presentar el amparo ante el Constitucional, la representación procesal municipal entiende que la sentencia del Supremo ha quebrado el principio de tutela judicial efectiva por haber sido modificadas resoluciones judiciales firmes y por haber dado ejecución a una sentencia fuera de sus exactos términos.

La Gerencia de Urbanismo reactivará además la tramitación del plan especial de Averly y concederá la licencia de derribo de la parte no declarada como Bien Catalogado por parte de Patrimonio del Gobierno de Aragón, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha levantado las medidas cautelares que prohibían la demolición de la parte no protegida.

La Gerencia de Urbanismo propondrá además dos modificaciones del PGOU que permiten reordenar las viviendas proyectadas en los suelos que el Adif tiene en el Portillo.

Así, Urbanismo ha accedido a una solución que pasa por trasladar las futuras 220 viviendas desde la zona que hoy ocupa el edificio de Correos y la vieja terminal ferroviaria de El Portillo a la esquina de la plaza de la Ciudadanía.

La nueva organización no altera la edificabilidad permitida para la zona, pero permite a Adif sacar a la venta un suelo en condiciones más favorables ya que, entre otras cosas, no tiene cargas de urbanización porque se encuentra junto a calles consolidadas con todos los servicios e infraestructuras.

Por otra parte, también se someterá a votación otra modificación aislada del PGOU que afecta al entorno de la Intermodal por la que en vez de mantener usos mixtos (residencial y terciario) en las distintas parcelas se opta por unificarlos.

De esta manera, unas tendrán un fin exclusivo residencial y otras acumularán todos los usos terciarios.

Finalmente, la Gerencia de Urbanismo aceptará el desistimiento del Plan especial del área de intervención K-59-1, correspondiente al sector denominado Fuente de la Junquera, después de que los propietarios de la zona hayan expresado su decisión de paralizar el proceso por motivos económicos.

Se trata de un pequeño núcleo de 30 viviendas que en 2010 consiguió la aprobación inicial de su plan especial, el primer trámite urbanístico para legalizar sus viviendas, y que recientemente los propietarios decidieron interrumpir por razones de índole económica.