El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha reprobado hoy al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y a la ministra Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, como "máximos responsables políticos" por la tragedia que han supuesto los incendios y los "irreparables" daños ocasionados.

Así se ha recogido en una moción de Zaragoza en Común de tres puntos, el primero de los cuales: expresar el dolor del Ayuntamiento de Zaragoza y el apoyo a los familiares de las víctimas mortales de los incendios ocurridos en Galicia y la solidaridad con los damnificados y todo el pueblo gallego, asturiano y leonés, ha sido aprobado por unanimidad.

Con el rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos, ha salido adelante la reprobación de los dos dirigentes, a quienes en su iniciativa, ZeC culpa de la consecuencias de los incendios por sus "políticas equivocadas" en la gestión de los recursos naturales, el desarrollo rural y la defensa medioambiental y por su falta de planificación de los medios humanos y materiales.

En su defensa de la moción, el concejal de ZeC Pablo Híjar ha criticado el modelo "extractivista" implantado en una parte del territorio español y de norte de Portugal, que ha convertido esas zonas en "un polvorín" y ha provocado un empobrecimiento y abandono del medio rural, ya que mientras ese sistema genera 300 millones de euros de ingresos ocupa el 72 % del territorio y la agricultura genera 900 millones y solo ocupa el 20 % del territorio.

El concejal del PP Pedro Navarro ha calificado la moción de indigna e inmoral porque utiliza la tragedia contra la Xunta y "ni si quiera condenan el terrorismo ambiental de unos destalentados que han podido matar a muchísima gente".

Navarro se ha preguntado si Feijoo tiene la culpa de los 264 focos de incendio, 120 de ellos simultáneos, 90 de carácter periurbano y 100 de los cuales afectaron a León, por lo que también ha preguntado porqué no se condena al Gobierno de Asturias cuando sucedió lo mismo, lo que ha atribuido a que esa Comunidad gobierna el PSOE con Podemos.

El socialista Roberto Fernández también cree que es "muy criticable" que el Gobierno de la Xunta diera de baja un mes antes 500 efectivos y a los pocos días se produjeran unos fuegos producidos por pirómanos, aunque también cree que "no se puede trasladar la culpa al Gobierno como si fueran los impulsores de los fuegos" porque es "algo que ha pasado, que es lamentable y perseguible".

Desde Ciudadanos, Sara Fernández, ha advertido que los incendios son cada vez más recurrentes por las sequías y los efectos del cambio climático, sin embargo, "los gobierno de turno se acuerdan de ellos en verano o cuando ocurren las desgracias y no se están teniendo en cuenta en las políticas preventivas esas condiciones ambientales. Lejos de adaptarlas y buscar nuevas respuestas ante los nuevos retos, la respuesta ha sido nula", ha lamentado.

Fernández también critica que se ponga el foco buscando culpables cuando esa no es la solución, aunque sí cree que hay que exigir responsabilidades políticas ante la falta de gestión de los recursos financieros que se tenían que haber destinado a prevención y permitir un desarrollo sostenible.

"No es momento de utilizar los incendios como arma arrojadiza, sino de activar las medidas necesarias para paliar los efectos de los daños y que se contemplen los mecanismos para la protección a largo plazo" ha apuntado Fernández quien aboga también por invertir en concienciación y por que se utilice el monte para favorecer el retorno de la población rural.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha considerado "incomprensible" que en esta situación de máximo riesgo de incendios el Gobierno de España y la Xunta decidieran desactivar la mitad de los operativos de extinción y echar a sus trabajadores al desempleo".

Con el voto en contra del PP y del PSOE y la abstención de Ciudadanos no ha salido adelante instar al Gobierno de España y al de Aragón a revisar sus políticas de prevención y extinción de incendios forestales, acabar con la temporalidad de los trabajadores de este sector, dotar de medios permanentes suficientes a las brigadas forestales y legislar adecuadamente contra quien promueve o provoca incendios.