El Gobierno de la capital aragonesa a ha acordado hoy apartarse como acusación del procedimiento del llamado "Caso Naves" de la sociedad pública Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), un asunto que tramita el Juzgado de Instrucción número 5.

Al apartarse como acusación, el Ayuntamiento "renuncia al ejercicio de las acciones penales consecuencia de los hechos que se persiguen en este procedimiento", según ha precisado en un comunicado el consistorio.

La decisión la ha adoptado a la vista del informe realizado sobre este asunto por la asesoría jurídica municipal, en el que se estima que los intereses municipales concretados en su participación minoritaria en Plaza están "suficientemente protegidos y garantizados" por otras partes personadas en la causa.

El Ayuntamiento de Zaragoza se personó en este procedimiento judicial como posible perjudicado por ser titular del 12,12% de las acciones de la empresa pública Plaza, de la que es accionista mayoritario el Gobierno de Aragón, que está personado en la causa al igual que la Fiscalía.

El consistorio ha considerado que los intereses públicos municipales "quedan suficientemente protegidos y garantizados a través de las otras partes personadas en el procedimiento, ya que el juez instructor, al concluir la fase de diligencias previas, inicia una nueva fase del proceso de cara a la futura apertura de juicio".

El juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza investiga una presunta malversación de fondos públicos en este caso, por el que están imputados, entre otros, el empresario Agapito Iglesias, Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza, Carlos Esco, exconsejero delegado de la sociedad pública y exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, y Miguel Ángel Pérez Cervantes, exdirector técnico de la sociedad pública.