El real decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que condiciona el acceso a los fondos extraordinarios para las ciudades a que estas cedan el remanente al Estado, levantó ampollas desde el principio en muchos ayuntamientos, aunque no en todos. En Aragón, el alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, ha encabezado la cruzada contra esta norma que pactó el ministerio de Hacienda y los alcaldes socialistas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Pero la postura del regidor zaragozano no ha sido bien vista por todos los alcaldes aragoneses, tampoco por algunos de su partido.
Fuentes internas del PP de la comunidad apuntan a que habría alcaldes conservadores que sí estarían dispuestos a aceptar la norma de la ministra María Jesús Montero y los hay que están molestos con la postura que han tenido que adoptar como partido por la lucha emprendida por Azcón. Sin ir más lejos, hace algo más de una semana cuatro alcaldes del PP (los de Tarazona, Lumpiaque, Rueda y Chiprana)_se manifestaron en contra del plan de Hacienda, pero son solo cuatro de los 70 ayuntamientos que el PP tiene en la provincia de Zaragoza.
Entre muchos pequeños ayuntamientos, que han generado ahorros durante todos estos años pero que no tienen gastos importantes, verían bien recibir dinero a fondo perdido a cambio de los remanentes, pero la opinión es muy diferente en los grandes ayuntamientos. Ayer mismo, los alcaldes de 31 ciudades se reunieron de forma telemática para consensuar una postura en contra del decreto del Gobierno central que, por otro lado, no tiene visos de ser aprobado en el Congreso de los Diputados, puesto que todos los partidos excepto el PSOE (incluído Unidas Podemos) se han mostrado en contra de la ley. Entre los representantes más significativos estuvieron el propio Azcón, José Luis Martínez Almeida (Madrid, PP), Joan Ribó (Valencia, Compromís), Ada Colau (Barcelona, Barcelona en Comú) y Francisco de la Torre (Málaga, PP), que en un principio se había de la posición de su partido y no descartó ceder los 30 millones de remanente de su ciudad al Gobierno de España.
Juntos firmaron un manifiesto en el que piden que el acceso a los fondos se desligue de la cuestión de los remanentes, y que el reparto de este dinero se haga en función de la población de cada municipio, como se hizo con las comunidades autónomas. Quieren que estas condiciones se plasmen en un nuevo decreto ley «exprés» que cumpla con la voluntad «de la mayoría», según dijo Azcón ayer.
Además, el texto firmado por todos exige también al Ejecutivo de Sánchez que habilite otro fondo extra de 1.000 millones para paliar la disminución de ingresos del transporte público en las grandes ciudades. En un primer momento esta fue la principal reivindicación de las capitales españolas, que se unieron en lo que se conoció como el C-7, en el que participaban las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia y Zaragoza. Y por el momento, todas siguen esperando.
LOS ALCALDES IRÁN AL CONGRESO
Los alcaldes de las ciudades de Alicante, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza expresaron ayer su voluntad de acudir al Congreso de los Diputados el día en el que se vote el real decreto con el que el Gobierno quiere acceder a los ahorros de los ayuntamientos (para devolverlos en, por lo menos, diez años) a cambio de un fondo extraordinario de 5.000 millones de euros.
Esta propuesta dejaría fuera del reparto de este fondo a las ciudades sin remanentes, como Zaragoza, pero otras muchas que sí que los tienen tampoco están por la labor de cedérselos al Estado. El plan no gusta ni entre los socios del Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, puesto que la regidora de Barcelona, Ada Colau, cercana al vicepresidente Pablo Iglesias, ha sido de las políticas más duras con la norma. La tachó de «inaceptable» y dijo que era «una falta de respeto e incomprensión del municipalismo».
Así, según explicó ayer el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, si la agenda de todos lo permite, el día en el que se vote esta norma los 31 alcaldes presentes en la reunión de ayer se personarán en la cámara baja para protestar contra la medida, que tiene pocos visos de ser aprobada. «Queremos que nuestra voz se escuche en las puertas del Congreso», dijo Azcón.
Si la imagen se llega a dar, la tribuna del parlamento español reuniría a políticos tan dispares como los propios Colau y Azcón con alcaldes del BNG, el PDeCat, Partido Reginalista Cántabro, Adelante Andalucía (en su versión municipal gaditana)_y otros muchos. Casi todos los que están presentes en el Congreso de los Diputados menos el PSOE. Todos unidos en contra de un decreto ley de 5.000 millones de euros. La votación ha de celebrarse antes del día 14 de este mes y posiblemente el martes se fije el día.
