El Gobierno de PP-Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza anunció ayer, en la Junta de Portavoces previa al pleno de mañana, que ha decidido tirar la toalla en la disputa técnica con el Ministerio de Hacienda sobre cómo contabilizar los 186 millones de euros de endeudamiento por la línea 1 del tranvía. Comunicó al resto de partidos, a los que no les ha consultado previamente, que ha decidido desistir del recurso contencioso-administrativo impulsado por el anterior Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), usando la misma herramienta que este, un decreto de Alcaldía, y curiosamente amparándose en lo mismo, un informe de los servicios jurídicos que, en cuestión de dos meses, han opinado lo contrario.

Esta vez, Azcón pone fin a la vía judicial abierta por Pedro Santisteve para reclamar que esta deuda computara de forma parcial, (84,7 millones) como ha defendido el consistorio durante los últimos cinco años, y así poder levantar el veto a captar nuevos préstamos bancarios, que sigue vigente desde septiembre del 2018. Así, el alcalde acata la valoración del ministerio y no litigará.

El anuncio, comunicado por la portavoz del Gobierno y responsable municipal de Hacienda, María Navarro, soliviantó a los partidos de la oposición, que tildaron de «muy grave» esta decisión «unilateral» por ir contra los criterios mantenidos desde hace años y contra ese espíritu de diálogo que Azcón prometió aplicar durante su mandato. Su aval es un informe de los servicios jurídicos que dice, literalmente, que «no hay argumentación jurídica suficiente para continuar con el ejercicio de la acción judicial». Su escrito, firmado el 26 de julio, se dio dos meses después de que, el 22 de mayo, defendieran la necesidad de poner un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

ARGUMENTOS OPUESTOS

Uno de esos nuevos argumentos es, dice el reciente informe jurídico, que el anterior Gobierno de ZeC «no formuló recurso en tiempo y forma». Otro, que el pasado 10 de julio, este mismo tribunal desestimó una causa de otro ayuntamiento, el de Murcia, en el que «concurren similares circunstancias». Y otro, que el acuerdo plenario de abril, en el que se aprobaba la modificación del plan de reducción de deuda para absorber en la contabilidad esos 186 millones, supone una «aceptación expresa» de los criterios de Hacienda.

Y a la falta de diálogo, el Gobierno PP-Cs responde con que el recurso interpuesto por ZeC, admitido a trámite por el TSJ de Madrid, daba de plazo hasta ayer para formular el escrito de demanda, y no había posibilidad de pasar por el pleno. Aunque este deberá ratificarlo. En él se encontrará una oposición en la que la izquierda ayer le afeó su actitud. Por parte del PSOE, el concejal Horacio Royo lamentó esta manera de «claudicar» ante el ministerio por parte del PP, sin contar con la oposición «para nada» y usando los servicios jurídicos «como mamporrero político». «El mayor problema es la desconfianza que empieza a generar el excesivo interés de crear una imagen catastrófica para justificar lo que está por venir», añadió.

En Podemos-Equo, el edil Fernando Rivarés, antecesor de Navarro en el cargo, consideró «una barbaridad lo que está pasando con el tranvía», que se acepte que compute la totalidad. A su juicio, es una actitud «muy cobardica» de Azcón, no solo por no recurrir, sino «por no pedir ya una reunión con el ministerio para corregir eso, como sí hizo ZeC».

Tampoco gustó al exalcalde y concejal de ZeC Pedro Santisteve, quien destacó que «más allá de la opinión de la asesoría jurídica está el criterio político de lo que es una intromisión en la autonomía municipal por parte del Gobierno central», ante la que Azcón «hace caso omiso pese a que ha tenido gravísimas consecuencias» para el ayuntamiento. Sobre la visión contradictoria de los letrados, en su opinión «están al servicio del Gobierno PP-Cs, que le habrán pedido que sustenten jurídicamente su decisión».

Este nuevo giro será definitivo, respecto a una disputa técnica que inició con el Gobierno de Mariano Rajoy, recurrió el socialista Juan Alberto Belloch, impuso el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que acató finalmente Azcón.