El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, consideró una «derrota histórica» para el Gobierno, o victoria con el mismo calificativo para los alcaldes, el hecho de que el Congreso rechazara este jueves convalidar el decreto por el que los remanentes municipales serían asumidos por el Gobierno central, a cambio de una compensación para los municipios que los tuvieran. También el consiguiente rechazo al último giro negociador del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que incluía un reparto de 3.000 millones para todos y otros 2.000 para los consistorios que tuviesen beneficios. La primera parte no hubiera dejado los más de 70 millones que reclamaba el popular, pero sí unos 41 millones, con los mismos cálculos. Pero Azcón considera que este «regateo» no llegó a estar realmente sobre la mesa.

La contrapartida a este rechazo, como dejó claro la ministra de Hacienda, María José Montero, es que «no habrá segunda oportunidad», y los consistorios que sí se hubieran beneficiado más de este trato volverán a tener sus remanentes inmovilizados, por la ley de estabilidad impulsada por el PP pero blindada en la Constitución también por el PSOE, y mantenida por el actual Gobierno.

NEGOCIACIÓN

Para Azcón, el Ejecutivo, pese a las palabras de la ministra, «tendrá que recular», porque los ayuntamientos «seguirán necesitando ayuda» y, de no concederla, el Ejecutivo no solo se pondrá en contra a los partidos que hoy han rechazado la ley (apoyada prácticamente por los dos de Gobierno en solitario, con los comunes de Ada Colau y Teruel Existe) sino «a los alcaldes del PSOE, también».

Azcón fue protagonista este jueves en el Congreso. Primero, con la foto que se hizo junto a otros 30 alcaldes de hasta 13 partidos distintos, entre ellos también la turolense Emma Buj. Pero su nombre también salió a relucir en la sesión parlamentaria, que terminó con el abrumador rechazo de la norma. La ministra Montero intentó dejar en evidencia al PP, que le acusaba de no negociar, indicando que sí lo había hecho con el alcalde de Zaragoza.

Al respecto, Azcón aclaró luego que la ministra no le contestó a la carta en la que le pedía negociar en nombre de los alcaldes opositores. «Luego la llamé, y cuando por fin me cogió el teléfono, me dijo que ella hablaba solo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)», en la que el primer edil zaragozano es portavoz del PP. «Así que intenté pedir la entrevista a través de la FEMP, pero Abel (Caballero, el presidente del órgano, socialista) me dijo que ya había hablado lo que tenía que hablar, y que estaba todo en manos del Congreso. Donde, como hemos visto, no han tenido mucho éxito».

Pese al evidente tono triunfal, Azcón aseguraba que no se quiere recrear y que «lo que importa» es que el Gobierno negocie ahora con los ayuntamientos, cuyo interés asegura haber defendido. «A Zaragoza le iban a corresponder cero euros y ahora le siguen correspondiendo cero euros, cuando debería recibir 70», defendió.

No es el caso de otras ciudades, que hubiesen tenido alguna compensación que ya no recibirán. Aragón tiene unos 800 millones inmovilizados en ahorros municipales que tras este rechazo, y salvo que la ministra Montero se retracte, ya no se van a poder mover en un tiempo, como lo llevan sin hacer desde el 2012. Pese a lo cual, Azcón afirmaba que nadie le ha llamado para afearle esta cruzada, solo para darle «las gracias» por liderar el movimiento y haber propuesto las reuniones.

Estos números no son precisamente los que hacen en el PSOE zaragozano, que hacía hincapié en que la segunda propuesta hubiese supuesto, por sí sola, 41 millones de euros para la ciudad de los 3.000 desbloqueados, que iban a ser repartidos en función de la población, como pedía Azcón que se hiciera con los 5.000 totales. Lo mismo apuntaba Teruel Existe, que votó a favor al tener que hacerlo la noche del miércoles porque su diputado, Tomás Guitarte, no podía asistir, pendiente de una prueba médica. Un PCR que salió positivo.

La agrupación de electores turolense calculaba que la falta de este acuerdo que ellos sí apoyaban priva a Teruel, por ejemplo, de 2,25 millones de euros a fondo perdido; a Alcañiz de 1 millón o a a Calamocha de 276.000 euros.

Tanto ellos como el PSOE zaragozano sumaban a esto la compensación por el transporte público, que hubiese podido suponer 22 millones de euros para la capital aragonesa, y otros 8 por los remanentes que, aunque escasos, tiene la ciudad. De ahí que la portavoz socialista en la capital aragonesa, Lola Ranera, considerase respecto a Azcón que «sus ganas de confrontar con Pedro Sánchez han hecho que Zaragoza deje de recibir 70 millones de euros» (71, según sus cuentas). «Los zaragozanos son rehenes de un alcalde que piensa más en su carrera política a nivel nacional y en hacerse la foto que en los intereses de la ciudad», apuntaba en un comunicado.

No fue la única queja socialista. La Federación del Alto Aragón también lanzó un comunicado lamentando el resultado de la votación, que privará a muchos ayuntamientos de «hacer uso por fin de sus remanentes inmovilizados», de lo que culpó al PP.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, también en la directiva de la FEMP, se limitó, en unas declaraciones facilitadas por el consistorio, a cargar contra la Ley Montoro como el «muro» que impide a los ayuntamientos actuar y «dar soluciones a nuestros vecinos». Por ello consideró «fundamental» la derogación de la norma, en favor de una que «permita administrar los recursos propios de los ayuntamientos, en favor de políticas dirigidas a los ciudadanos.

LA FAMCP CREE QUE "HEMOS PERDIDO TODOS"

Para el socialista Luis Zubieta, alcalde de Zuera y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), «hoy (por el jueves) hemos perdido todos». El dirigente aún confiaba en que el decreto saliera adelante antes de que comenzase el pleno y, «en el trámite parlamentario, se pudiera negociar para que los ayuntamientos sin remanentes también se vieran compensados», como desde la FAMCP «siempre hemos defendido». «Pero no ha sido posible, y ahora volvemos a la casilla de salida, con el dinero bloqueado».

Unos fondos que, calculan en la federación, podrían haber beneficiado de inicio «al 80% de los ayuntamientos» de la comunidad. Pero también considera que «no es una buena postura» la mantenida por la ministra Montero negándose a reabrir el debate, porque «en estos momentos serían más necesarios que nunca los 800 millones que tenemos inmovilizados en Aragón para poder dar servicio a nuestros ciudadanos». Por ello, Zubieta confiaba en que se pueda volver a negociar una reforma legal.