Era cuestión de tiempo que saltara la polémica en el centro comunitario Luis Buñuel y ya lo ha hecho. El Gobierno PP-Cs en Zaragoza ha exigido «suspender todas las actividades» que se organicen en él «que no cuenten con autorizaciones y permisos municipales». En este caso, referido al mercadillo de segunda mano que, como hoy, se celebra allí todos los primeros sábados de cada mes desde hace un año. En este caso, la respuesta de la Plataforma Social Rastro, los organizadores, fue hacer caso omiso, cuando se les notificó, según el comsistorio, «antes del que se hizo el 6 de julio». Allí acudió la Policía Local para dar parte del incumplimiento. Ahora ellos denuncian las «amenazas» y un grupo municipal, ZeC, habla de «persecución a los más vulnerables».

«El actual ayuntamiento habla de pedir permisos y autorizaciones pertinentes», apuntaron los organizadores, pero «no detalla cuáles son». Y alegan que, «como las demás actividades», esta cita mensual «está amparada por el convenio» firmado en la legislatura pasada «con las entidades que gestionan el centro».

«Se ve que PP, Cs y Vox se han lanzado a la persecución y machaque de los sectores más desfavorecidos», denunciaron, a la vez que reiteraron los refuerzos policiales y su presencia «masiva» en el Rastro de La Almozara para impedir sus puestos sin licencia. «No se les ocurre más que la vía represiva cuando hay decenas de plazas de segunda mano vacantes y gente sin licencia que está dispuesta a pagar», argumentaron. De hecho, consideraron que esta es una «guerra clasista contra los pobres» impuesta por «los de arriba», pero que «la presencia policial masiva no es sostenible en el tiempo ni solucionará nada». Seguirán con su actividad porque esa venta «les aporta 20 o 40 euros, que para mucha gente es la comida de varios días».

«Lo que el Gobierno está haciendo es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en todas las partes de la ciudad, también donde ZeC decidió no hacerlo en el pasado», respondió Patricia Cavero, como responsable de la Oficina de Planes Integrales, a la que se dirigió en julio para pedir la suspensión de actividades sin autorización, como la del Luis Buñuel, «que siempre se denunció que hacía actividades sin permiso y parecían tener bula». Seguirán actuando y hoy volverá la Policía Local al centro.

Para ZeC es una «persecución» de PP-Cs contra «uno de los colectivos más vulnerables de la ciudad» y su «legítimo modo de supervivencia», criticó la concejala Luisa Broto. «El ayuntamiento está para solucionar problemas, no para crearlos, y menos a las personas más indefensas», dijo.