El Gobierno PP-Cs en Zaragoza abrió ayer el debate de las ordenanzas fiscales del 2020 con una propuesta que, en lo relativo al principal impuesto municipal, el de Bienes Inmuebles (IBI), apuesta por que los hogares noten una bajada media del 0,33%, a costa de renunciar a «solo 29.299,55 euros de la recaudación». Su idea pasa por amortiguar una subida que, si no hubiera cambios, sería automáticamente del 6%, tocando los dos únicos coeficientes que calculan el recibo: el tipo impositivo y el valor catastral. El primero, el que marca el ayuntamiento, bajará un 2,1%, del 0,4239 a 0,4154. Pero el segundo dependerá del Ministerio de Hacienda, de que el Catastro acepte reducir los valores del parque inmobiliario, como se le pidió en julio. Si lo hace disminuirá el impuesto. Si no, subiría a todos en torno a un 3%.

«Este Gobierno se comprometió a bajar los impuestos y lo hemos bajado a todos». Así lo defendió la responsable de las finanzas municipales, María Navarro, quien dio por hecho que el Catastro aceptará, simplemente porque «siempre lo ha hecho», y todo lo que se aleje de que esa lectura lo ve como convertir en negativo lo que es una gran noticia. «Ningún zaragozano, emprendedor, industria, hotel o comercio va a pagar más de lo que pagaba», aseveró, a la vez que destacaba que «por primera vez se va a bajar la recaudación». Aunque no sea lo mismo que dicen sus propias cifras. En los datos oficiales del área de Navarro, la recaudación este año, para el que ya se aprobó una reducción media del 7% (con el Catastro también revisando a la baja), ha disminuido. Los 159.851.563,17 euros contabilizados son más de 945.000 menos que los 160.796.734,80 recaudados durante el 2018.

Aún así, algunas de las características de este IBI las habría firmado cualquier partido de izquierda. Con el añadido de que Navarro cuenta, para el 2020, con 3.000 inmuebles más tributando. De los más de 511.000 que hay, a un grupo pequeño sí les subirá el recibo: los 219 grandes comercios y 144 oficinas con una valoración catastral por encima de un millón de euros. A ellos les subirá un 1,28% -pagarán de media 42.732,7 y 54.948,7 euros, respectivamente-, y a las 339 grandes industrias, con una subida del 0,65%.

Por contra, al comercio minorista se les ofrecerá una bonificación del 30% siempre que dueño del negocio sea el propietario del inmueble, y no sean una franquicia o estén en un centro o galería comercial. Fue la medida estrella anunciada por la responsable de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, que destacó que se hacía «por primera vez». Una bonificación como la que también se plantea para las familias numerosas, en la línea de la que pedía Vox la pasada semana, del 30% como mínimo y que en algunos casos llegará al 90%.

Con todo, las críticas desde la izquierda no tardaron en llegar. Para el PSOE, «la gran revolución fiscal de Jorge Azcón en campaña se queda en una reducción del 0,005%» en una propuesta «decepcionante» que «lo fía al Estado» para que sea real. Además de la falta de diálogo, lo mismo que le reprochó Alberto Cubero, de ZeC, quien remarcó la renuncia a la «progresividad fiscal» y el «incumplimiento» de su promesa de bajar el tipo impositivo al mínimo legal. En Podemos-Equo, Fernando Rivarés acusó al Gobierno de «mentir» para «enmascarar» lo que será, dijo, «una subida de entre el 3% y el 6% para todos».