El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza dio luz verde ayer a las modificaciones de crédito por las cuales el equipo de Gobierno de PP y Cs va a detraer 16 millones de euros de algunas áreas para destinarlo, antes de que acabe el año, a tapar el agujero en el transporte público y a Acción Social, entre otras cuestiones. La votación estuvo ajustada, puesto que si en la comisión de Hacienda todos los grupos de la oposición, incluido Vox, se abstuvieron (lo que posibilitó su aprobación en fase inicial con el único apoyo de PP y Cs), en esta ocasión la izquierda había pedido votar las modificaciones una por una (y no los 16 millones en bloque) y poder votar así en contra de alguna de ellas.

Ante esta situación, la ultraderecha modificó también su postura y evitó abstenerse en las que PSOE, Podemos y ZeC votaron en contra. Esto permitió que no se tumbará ninguna de las propuestas de los populares y de la formación naranja, que suman 14 votos sin los dos concejales de Vox, cuando la izquierda en bloque alcanza los 15.

«No nos sentimos partícipes de estas modificaciones de crédito y por ello no presentamos ni alegaciones ni enmiendas. Entendemos que forman parte del ejercicio del Gobierno y no queremos obstaculizar su tramitación», anunció el portavoz de la ultraderecha, Julio Calvo, al inicio del pleno. El de Vox explicó que estaría pendiente del sentido del voto de los concejales de la bancada de la izquierda y que votaría a favor de las modificaciones que el resto de la oposición votara en contra para que estas no cayeran.

Finalmente, los votos de Vox solo fueron necesarios en dos de las once modificaciones de crédito que se votaron. La primera, de 1.378.800 euros, fue la más criticada por la izquierda, puesto que supone retirar fondos del Plan Integral del Casco Histórico (PICH), 300.000 euros, y del cementerio y su mantenimiento, otros 220.262, entre otras cuestiones, para destinarlo, en parte, a sufragar el acondicionamiento de la parcela que el ayuntamiento va a vender a Quirón para construir un hospital privado. De los más de 1,3 millones de esta modificación, 350.000 euros servirán para desviar un gaseoducto que pasa por la zona. Así, a este punto se opusieron PSOE, ZeC y Podemos (15 votos) y lo apoyaron PP, Cs y Vox (suman 16). El resto de modificaciones fueron aprobadas con la abstención o los votos a favor de la izquierda.

El alcalde Jorge Azcón criticó el cambio de postura de la izquierda con respecto a la última comisión de Hacienda. Les acusó de querer entorpecer la gestión del consistorio y de ser «destructivos», en vez de «constructivos». Para asegurarse la aprobación, según denunció el concejal de ZeC Alberto Cubero, el primer edil cambió el sentido de las votaciones. Primero pidió conocer los votos en contra de cada modificación, a pesar de lo que es costumbre (y norma, según Cubero, puesto que normalmente se cuentan en primer lugar los votos a favor. Esto permitió que Vox supiera qué puntos corrían peligro de caer para poder evitarlo. «Va usted a decirle a la presidencia de este pleno cómo tienen que ser las votaciones», le espetó Azcón al de ZeC después de su reproche.

El PSOE insiste en que el error en el registro pone en peligro la operación

El concejal socialista Horacio Royo compareció de nuevo ayer ante los medios para criticar la gestión del responsable del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano. Según desveló el edil del PSOE, el equipo de Gobierno de PP y Cs se reunió ayer para aprobar la modificación que permitirá registrar a nombre del consistorio una de las parcelas que se van a vender a Quirón, que hasta ahora estaba a nombre de la empresa Villahermoso. Esto demuestra, según Royo, que su alarma de la semana pasada estaba justificada, pues «las prisas» hicieron a Urbanismo poner en peligro su operación estrella. «El área se parece a la casa de Tócame Roque», dijo el socialista. Ante estas acusaciones, Serrano compareció también para explicar lo ocurrido. Según dijo, la modificación aprobada por el Gobierno no es sino un mero trámite de carácter técnico muy común en este tipo de operaciones en las que participa el Registro de la Propiedad. «Es un problema subsanable y que en 48 hemos arreglado», comentó. Ahora, el registro tiene un plazo máximo de tres meses para poner a nombre del ayuntamiento esta parcela, pero la titularidad municipal de la misma está clara, por lo que Serrano confía en que el plazo no llegue a agotarse. En cualquier caso, si esto retrasa el pago de Quirón, el de Urbanismo aseguró que no sería problema porque los 16 millones estarían listos en enero.