Azcón obtiene el consenso de todos los grupos en defensa de Zaragoza

El rechazo conjunto representa, de alguna manera, la esperanza de que el acuerdo sea modificado cuando el decreto-ley sea convalidado en el Congreso de los Diputados. Ahí lo pueden tumbar según y cómo vayan las votaciones y obligar a una modificación que espera Zaragoza.De hecho, casi todos los partidos que conforman la Cámara Baja, que suman diputados por encima de la mayoría absoluta, han mostrado ya su rechazo frontal al decreto-ley para la liberación de los remanentes y el uso del superávit, que debe someterse a una votación de convalidación o derogación en el plazo de un mes.

En la junta de gobierno de la FEMP, el acuerdo solo sumó los 12 votos a favor del PSOE, por los 12 en contra de PP, PdeCat y Ciudadanos. La abstención de Unidas Podemos y el voto de calidad del presidente socialista de la federación resultaron determinantes para aceptar la iniciativa, que provocó la ruptura del histórico consenso en la agrupación municipalista. La abstención de Unidas Podemos se produjo finalmente tras varias negativas. Sin embargo, desde UP, que forma parte del Ejecutivo de coalición, se han mostrado muy críticos con el acuerdo y se atrevieron a decir incluso que iba en contra del acuerdo de gobierno con el PSOE en materia municipalista. ERC y Junts, que suman 21 diputados, también se han posicionado en contra del acuerdo, igual que EH-Bildu, Compromís, el BNG, Foro Asturias o Coalición Canaria.

Azcón subrayó que la junta de portavoces se había convocado con una intención clara: «Buscar el acuerdo de todos en la defensa de los intereses de la ciudad», por lo que agradeció a todos los grupos municipales (PP, Cs, PSOE, ZeC, Podemos y Vox) que tuvieran «la generosidad y la altura de miras para defender a los zaragozanos, al ayuntamiento, a la ciudad».

Hay tres ideas sobre las que se plasmó verbalmente el acuerdo de los portavoces: la injusticia que supone para la ciudad, la posibilidad de cambiar el acuerdo en la tramitación parlamentaria y la lucha para que esos 5.000 millones no sean para algunos ayuntamientos sino para todos. «Es injusto. No es una opinión del alcalde, es una opinión de la junta de portavoces, de todos los partidos que tienen representación en el ayuntamiento», incidió Azcón, que recordó que si esos 5.000 millones «se reparten entre todos los ayuntamientos, no solo entre algunos, significará que a Zaragoza le lleguen 71.300.000 euros. Ni un euro menos es lo que vamos a defender, aunque no va a ser fácil y va a ser costoso en el tiempo», explicó el alcalde, que informó de que está a la espera de que concretar para mañana una reunión para hacer frente común con otros alcaldes de España. Serían, en principio, Lérida (ERC), Granada (Cs), Murcia (PP) y Cádiz (Adelante Cádiz).

El primer edil insistió en dar la batalla «por nuestros vecinos» porque en muchos casos «no tenemos la culpa de lo que hayan hecho gobiernos anteriores, de que hayan hundido económicamente esta ciudad», en referencia, por ejemplo, al PSOE, que le respondió recordándole nuevamente, como ya hizo Lambán el día anterior, la ley Montoro, «que ahoga a los ayuntamientos y evita que puedan destinar los remanentes y ahorros a cubrir las necesidades de los ciudadanos, en este caso, de Zaragoza», dijo Ros Cihuelo, que explicó que la ciudad «necesita ayudas y poder participar de un fondo de financiación específico que no tenga en cuenta un acuerdo que tiene que ver con los remanentes, sino con las necesidades y gastos generados por la crisis sanitaria en base a la población».

Podemos se pronunció en términos similares, coincidiendo en que los criterios no se pueden basar en los remanentes y pidiendo que se aborde la derogación de la «nefasta» ley Montoro, para lo cual se necesitan, por tratarse de una ley orgánica, los votos del PP. «Los populares, y en especial el alcalde Azcón, en lugar de quejarse tanto, lo que debe hacer es colaborar en la derogación de esa ley del 2012 que es el principal obstáculo para que Zaragoza disponga de autonomía y desahogo financiero», señaló Fernando Rivarés.

El portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, valoró que el acuerdo de la FEMP recoja el compromiso de aprobar un nuevo sistema de financiación local y aseguró que Zaragoza necesita ayudas del Estado, pero precisó que Azcón «se queja por unas circunstancias causadas por su propio partido».

Por último, Ciudadanos solicitó la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar la decisión del Ministerio de Hacienda y la FEMP. «Genera discriminación entre los ciudadanos de un mismo país», dijo Carmen Herrarte, concejala de Economía, que incidió en la idea global de la irregular distribución del dinero procedente de los Presupuestos Generales: «No puede ser que en esos 5.000 millones de euros, que salen de lo que hemos cotizado todos con nuestros impuestos, se deje fuera a Zaragoza y la ciudad no reciba los 71 millones que le corresponden por población», dijo tajante, recalcando que desde Cs «pelearemos hasta el último segundo de la prórroga por los intereses de los zaragozanos».

40,5 millones de euros de remanentes

Jorge Azcón ha insistido estos días en que Zaragoza no tiene remanentes, un asunto rebatido por el PSOE en palabras de Ros Cihuelo, que destacó la existencia de 40,5 millones en las cuentas del consistorio que siguen sin destino. «Pedimos un informe donde se explique y aclare en qué se va a gastar este remanente. También queremos hacer una defensa de los gobiernos del PSOE en Zaragoza, donde nunca se bajó de los 70 millones de euros en inversiones a pesar de la crisis económica y de la existencia de la ley Montoro».

De esos 40,5 millones que están inmovilizados, habría que restar 2,6 de préstamos a las inversiones financieramente sostenibles (IFS) y 9,2 por los gastos comprometidos del 2019 que a final de ejercicio no se habían tramitado. El resto, en principio, irían para las grandes contratas, sobre todo FCC. «Esos remanentes de los que habla el PSOE no existen porque tenemos muchas más deudas que dinero. Lo que Zaragoza tiene en remanentes lo debe multiplicado mucho más que por dos», señaló el alcalde.