"Se ha hecho justicia". Así ha comenzado esta mañana el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, la rueda de prensa convocada para valorar la "contundente" sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condena a la DGA a abonar 33,5 millones de euros por las obras del tranvía. Este pago, descontando los 8,9 que ya adelantó el Ejecutivo aragonés al finiquitar unilateralmente el convenio con el que se confinanciaba la construcción de la línea Valdespartera-Parque Goya, se quedaría en 24,7 ahora, en el peor momento para las maltrechas arcas autonómicas y municipales. Pero el primer edil de la capital insta al presidente de la comunidad a que no demore más este desembolso yendo al Tribunal Supremo con un recurso de casación y "se siente a negociar un acuerdo sensato" desde el próximo lunes.

El alcalde considera que recurrir esta sentencia "puede provocar que genere más intereses y les cueste más dinero a los aragoneses", en torno a "un millón de euros al año", ha estimado, mientras resuelve el Alto Tribunal. Y más cuando además, le ha recordado Azcón, "el 90%" de los que se presentan acaban siendo desestimados".

"Seremos absolutamente sensibles a lo que está pasando en el Gobierno de Aragón", ha remarcado el alcalde, refiriéndose a la situación dramática de las arcas públicas que es la misma que la que vive el consistorio con la pandemia del coronavirus. La de las municipales "también es complicada", por lo que le vienen estos 24.758.415 euros como agua de mayo para elaborar los presupuestos del 2021. Aunque no cuenta con ellos hasta que la DGA mueva ficha. De hecho, para el primer edil, esta situación "lo que condiciona" son las cuentas que tampoco ha presentado el Gobierno cuatripartito en el Pignatelli.

Sin embargo, también le ha recordado a Lambán que el hecho de que la DGA dejara de pagar sus compromisos económicos con el tranvía "también supuso un sobreesfuerzo para las finanzas municipales" y al consistorio no le quedó otra que asumir con sus propios recursos. Así que le instaba al presidente a zanjar este pulso entre administraciones que ya dura siete años: "Dejemos la confrontación a un lado y pongámonos a trabajar para evitar un nuevo pleito", ha subrayado Azcón.

La solución, en su opinión, pasa por pactar un plan de pagos con la comunidad que ponga fin a este conflicto por los impagos de la DGA por el tranvía que comenzó en el 2013 con Luisa Fernanda Rudi al frente del Gobierno del PP en Aragón. Aunque esta historia él la recuerda de otra manera. Según ha explicado, fue el Ejecutivo que dirigía el socialista Marcelino Iglesias el primero en retrasarse en el pago de sus compromisos económicos con el convenio con Zaragoza para la construcción del tranvía, y que fue otro socialista, Javer Lambán, quien renunció a pagar cuando en el 2017 la deuda que el ayuntamiento le reclamaba al Pignatelli desde el 2013.

Sin embargo, apela al diálogo y asegura que esta sentencia "no tendrá vasos comunicantes" con otros acuerdos que se deben negociar con la DGA, en el seno de la bilateral que obliga a celebrar pronto la ley de capitalidad, ni tampoco pone en peligro futuros proyectos a cofinanciar con el Pignatelli con fórmulas similares a la del tranvía, el acuerdo político de más envergadura entre Aragón y Zaragoza desde la Expo del 2008. Una cuestión que no es baladí, ya que la pretendida reforma de La Romareda, ahora aparcada, depende mucho de arrancar de Lambán un compromiso económico como el que el ayuntamiento y la DGA alcanzaron en el 2009.

Sí es un acuerdo del 2017 el que acabó en los tribunales y sobre el que ahora el TSJA se ha pronunciado, al finiquitar el convenio del 2009 en el que ambas administraciones se comprometían a cofinanciar, con 64,5 millones cada una, la construcción del tranvía en Zaragoza. Sí fue Lambán quien decidió hace tres años que de los 33.545.085 euros que le quedaban por desembolsar a la comunidad por este convenio se quedaran en solo 8.987.048,32, que es la única cuantía que el socialista ha abonado a la ciudad en los últimos siete años. Pero eso no le convierte en el único que ha abonado algo de este impago histórico de la comunidad, como al PP no le quita la vitola de haber sido el primer Ejecutivo autonómico en cuestionar el pago de estas anualidades.

De hecho, Azcón en su versión alega que lo que hizo Rudi fue retrasarse en el pago, como argumenta que hizo Iglesias, no negarlo, a pesar de los múltiples reparos que puso a la validez de esa obligación entre el 2013 y el 2015. En esos tres años era el alcalde socialista Juan Alberto Belloch el que le reclamaba esos pagos desde el ayuntamiento. Y lo hacía a través de su vicealcalde, Fernando Gimeno, que a partir del 2015 se convertía en el consejero de Hacienda de la DGA con la llegada al poder de Lambán, y se desdijo de lo que defendía desde el consistorio para, no solo reafirmarse en esos reparos que defendía el PP, sino finiquitar en el 2017 ese convenio del 2009 de forma unilateral y por 24,7 millones menos de los que le reclamaba la ciudad.

PODEMOS LO JUDICIALIZÓ Y AHORA ESTÁ EN LA DGA

Lo que suceda ahora en la DGA es una absoluta incógnita. Sobre todo porque se añaden nuevos actores a este pulso administrativo. Ahora el Gobierno cuatripartito que dirige Lambán no es solo el PSOE. También está Podemos, que es quien acabó judicializando esa liquidación del 2017 desde el consistorio, cuando gobernaba en las filas de ZeC. De hecho, fue un litigio impulsado por Fernando Rivarés, ahora portavoz de la formación morada en el ayuntamiento. ¿Será capaz de convencer a sus compañeros en el Pignatelli para que no se recurra al Supremo el fallo del TSJA y paguen esos 24,7 millones?

Lo cierto es que su posición, tanto como la del PSOE, marcará el devenir de los acontecimientos en los próximos 30 días, que es el plazo que tiene el Gobierno aragonés para decidir si prosigue este litigo o desembolsa el dinero. Junto a ellos está CHA, que también reclamó este impago desde el consistorio, pero en su caso ya ha tenido que marcar postura antes, en el 2017, cuando formaba parte del Ejecutivo autonómico que decidió liquidar el convenio del 2009 con ese pago ínfimo de la deuda. Y también ahora está el PAR, que cuando se firmó ese convenio estaba con Iglesias en el Ejecutivo gobernando y con Belloch en el ayuntamiento, pero también estaba con Rudi en coalición cuando esta decidió dejar de pagar las cuotas anuales en el 2013, y ahora forma parte de la decisión a adoptar tras el fallo del TSJA.

EL CONSEJERO DE HACIENDA PIDIÓ EL PAGO SIENDO CONCEJAL

Respecto al PP, ahora en la oposición de Lambán, habrá que ver el tono que elige para afrontar este veredicto y cómo le pide actuar al presidente. Una posición tan incomoda como la que puede tener el PSOE municipal que dirige Lola Ranera en Zaragoza, tantos años exigiendo esta deuda al Gobierno aragonés y que pasó de puntillas cuando en la anterior legislatura se firmó el finiquito al convenio del tranvía con 8,9 millones. Y se da una relevante curiosidad: en ese 2017 Carlos Pérez Anadón era el portavoz socialista en el consistorio y ahora es el consejero de Hacienda de Lambán. Habrá que ver si su posición cambia como ya le ocurrió a Fernando Gimeno en ese traslado de vicealcalde a consejero de la DGA.