Las carreteras revalorizan el suelo por el que pasa, por lo que se podrían sufragar con sólo aprovechar parte de las plusvalías que genera, sin coste para la Administración ni para el usuario. Esta sencilla argumentación es la base del sistema de financiación de estas infraestructuras lanzado ayer por el presidente de la patronal aragonesa (CREA), Julián López Babier, por el que una concesionaria pagaría una obra a cambio de explotar suelos anexos, previamente recalificados para uso industrial o comercial por la Administración.

López Babier, que hizo la propuesta como ingeniero de Caminos y presidente de Ingesgrup, aseguró que la idea se le ocurrió hace 20 años, aunque hasta ahora no se disponía de un marco jurídico que lo hiciera posible. Así, explicó que la nueva ley de Concesiones --aprobada en mayo del 2003-- permite la explotación de zonas complementaras de uso industrial o comercial para alcanzar el equilibrio económico-financiero.

El ingeniero y empresario señaló que su propuesta, siempre bajo control público, permitiría desarrollar carreteras con mayor celeridad, sin las constricciones presupuestarias que imponen las arcas públicas. Además, apuntó que las fórmulas empleadas hasta ahora --peaje en sombra o pago diferido a fin de obra-- no resuelven el problema. Además, enfatizó que la Administración tendría un arma más para ordenar el territorio.

Para hacerlo digerible , puso de ejemplo el desdoblamiento de la N-232 entre El Burgo y Alcañiz, cuya ejecución no fue incluida por el Gobierno en su Plan de Infraestructuras. "Esta carretera registraba en el 2000 una media diaria de 10.500 vehículos en El Burgo y más de 7.000 en Alcañiz, por lo que Fomento va a tener la necesidad de desdoblarla en el 2007 porque para entonces estará congestionadas", señaló.

EJEMPLO PRACTICO Con el apoyo de un estudio de una de sus empresas, López Babier manifestó que convertir en autovía los 80 kilómetros de la N-232 entre las citadas localidades cuesta 182,7 millones de euros. La concesionaria asumiría la inversión, que recuperaría con la explotación de entre 235 y 487 hectáreas de uso industrial y comercial repartidas a lo largo del trazado --la horquilla depende del coste que se impusiera por metro cuadrado--. "Los números salen y el sistema sirve para cualquier carretera", sentenció.

López Babier también citó como ejemplo la conexión de la A-2 con Montañana y Perdiguera. El empresario dejó muy claro que el valor económico de la explotación de los suelos colindantes y su extensión dependerá del coste de la vía. Su expropiación correría a cuenta de la Administración y la titularidad sería pública, pero su financiación recaería en la concesionaria.