Las denuncias por violencia de género, que mantienen cierta estabilidad en Aragón desde hace siete años, generan cada vez menos órdenes de protección, porcentualmente, para las denunciantes. Este año los casos repuntan ligeramente --alcanzarían los 3.272 por los 3.074 del 2013, pero proyectando los datos hasta marzo--, según el Observatorio para la Violencia de Género. Sin embargo, de las 818 presuntas agresiones denunciadas hasta hace cinco meses, solo 155 desembocaron en la adopción de medidas preventivas. Lo cual supone un 18% de los casos, lejos del 28% de hace siete años: en el 2007, 806 de las 2.853 denuncias cristalizaron en algún tipo de vigilancia o custodia para las denunciantes.
El porcentaje se ha ido reduciendo paulatinamente desde entonces, con el 24% en el 2009 --707 órdenes de las 2.848 denuncias-- o el 19% del 2012, cuando 628 de las 3.228 denunciantes recibieron vigilancia.
Las posibles explicaciones a este fenómeno son variadas. Desde una perspectiva positiva, los expertos argumentan que la concienciación del problema lleva a las mujeres a denunciar comportamientos vejatorios que hasta hace unos años las víctimas no hubieran pensado en llevar a los tribunales. Esto puede ayudar a atajar problemas futuros, pero explicaría que los casos no lleguen al juzgado con la suficiente gravedad como para coartar la libertad de un presunto agresor.
Actualmente --con datos actualizados en el mes de junio, según las estadísticas de Interior--, las autoridades tienen registrados 9.588 casos de violencia de género en Aragón, de los cuales 1.256 permanecen activos. De ellos, 284 requieren protección policial, aunque muy rara vez las víctimas tienen asignado un escolta único: los agentes especializados, de Policía y Guardia Civil, atienden a varias víctimas. Siete de las denunciantes cuentan con dispositivos electrónicos con los que las Fuerzas de Seguridad pueden controlar su ubicación y la de su presunto agresor.
