El sector bancario de Aragón tiene hoy casi un tercio menos de trabajadores que hace diez años, un reducción que va en línea a la que se ha producido en la red de oficinas. Son nada menos que 3.336 puestos de trabajo destruidos en una década (un 30% menos), al pasar de los 11.223 empleados que había de media en el 2009 a los 7.888 del pasado ejercicio, según datos de la Seguridad Social, que incluyen las plantillas de bancos y compañías de seguros. El ERE de Ibercaja, que contempla el despido de 550 empleados, dará otra vuelta de tuerca a los recursos humanos de un negocio que está inmerso en una permanente reestructuración desde la quiebra de Lehman Brothers, un proceso que se ha agudizado por digitalización acelerado de los servicios bancarios.
A pesar de la abultada merma de empleados, la mayor parte de las bajas laborales no han sido traumáticas, ya que se han materializado por la vía de las prejubilaciones. Para los sindicatos, lo peor es cómo han quedado las plantillas, que sufren jornadas laborales que se prolongan sistemáticamente, una mayor presión por vender productos y el cabreo de muchos clientes --sobre todo de los más mayores-- que se quejan de degradación de los servicios en las oficinas bancarias.
El mayor recorte se ha producido en las antiguas cajas de ahorros, que al cierre del 2018 contaban con 2.802 trabajadores en Aragón, 1.836 menos que en el año 2008 (4.638), según datos de CECA, la patronal de este segmento bancario, al que pertenece la aragonesa Ibercaja.
La destrucción de empleo está yendo en paralelo al cierre de 791 oficinas que se ha producido en la comunidad desde finales del 2008, lo que ha supuesto la desaparición de casi la mitad (el 44%) de las 1.796 sucursales que había. El sector bancario va camino de bajar de las mil oficinas. Actualmente hay en Aragón 1.005, según los últimos datos del Banco de España correspondientes a septiembre del 2019.
La desaparición de entidades, las fusiones y la necesidad imperiosa de reducir costes de estructura en un escenario de tipos de interés negativo han provocado los sucesivos ajustes de personal. Con todo, la mayor parte de los despidos han sido traumáticos al ser voluntarios y por la vía de las prejubilaciones. Todo apunta a que el proceso de adelgazamiento va a continuar.
ADVERTENCIA DE LA DPZ
Ante el temor de que los ajustes de este sector pasen factura a los servicios financieros en los pueblos, el pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles, por unanimidad, una moción contra el cierre de las oficinas bancarias en el medio rural. El texto, presentado por el PSOE y enmendado por En Común-IU y el PP, reclama la implicación de las administraciones públicas y, sobre todo, de los propios entidades para lograr la puesta en marcha de «un nuevo servicio rural financiero que dé respuesta a las necesidades de los habitantes de los municipios zaragozanos».
«La solución no es instalar cajeros automáticos, sino que haya un servicio de proximidad en todos y cada uno de los pueblos», ha afirmado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, que ha recordado que a los bancos se les rescató, hace unos años, con dinero público, por lo que «ahora son ellos los que tienen que salir al rescate del medio rural».
MUNICIPIOS SIN BANCO
Un total de 418 municipios aragoneses carecen de una oficina bancaria, lo que supone que el 4,4% de la población de la comunidad (48.000 personas) no dispone de este servicio en su lugar de residencia, según un informe de la federación sindical del sector financiero FINE. Son 35 localidades más que en el 2008. Por provincias, en Teruel existen 147 pueblos sin ninguna sucursal en las que viven 13.680 personas; en Huesca, 118 (22.478 habitantes); y en Zaragoza, 155 (20.798).
No obstante, el incremento de la exclusión financiera en el medio rural no ha sido muy notable hasta ahora en la comunidad, sobre todo en relación a lo ocurrido en otros territorios. Esto se debe en gran medida a que Aragón conserva tres enseñas en su poder: Ibercaja y las cajas rurales de Aragón y de Teruel.
