Uno de los puntales del plan de inspección de viviendas desarrollado por el Gobierno de Aragón ha sido el cumplimiento de los poderes financieros de la ley de emergencia social y acceso a la vivienda. Y los datos recabados no son especialmente positivos, aunque con matices. Ante la obligación de comunicar la titularidad de los hogares afectados por un procedimiento de ejecución hipotecaria siempre que estas sean propiedad de entidades financieras, sociedades inmobiliarias bajo su control o del llamado banco malo, se ha descubierto un 70% de incumplimientos.

Entrando al detalle se comprueba que del listado de 20 casas facilitados por la sección de vivienda social del Gobierno de Aragón una decena pertenece a las entidades con obligación de comunicar los lanzados hipotecarios. De ellas únicamente tres estaban correctamente notificadas, una cifra que obliga a departamento de Vivienda a multiplicar su trabajo para cotejar la situación real con otros registros. «La tarea es muy costosa con los actuales medios de la Administración», denuncian.

La sección de inspección comunicó los resultados a las entidades que en siete casos alegaron estar dentro de las excepciones marcadas por la norma, como pueda ser haber recibido el inmueble hace menos de seis meses.

La directora general, Mayte Andreu, reconoció las dificultades que están encontrando a la hora de aplicar la norma de acceso a la vivienda y de pobreza energética. Además, se encuentran con problemas a la hora de establecer un régimen sancionador ya que en general no se encuentran exactamente ante un incumplimiento de la obligación de informar sino ante una información en formatos poco manejables. Esta particularidad se trabajará de forma diferente en el plan pensado para este año.