La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón ha requerido a las entidades financieras que dejen de seguir cobrando a los pacientes los créditos vinculados a los tratamientos de iDental, ya que estos se han interrumpido tras el cierre de los establecimientos dentales de la empresa.
Mientras tanto, la DGA está contestando y remitiendo los protocolos a los afectados en la comunidad con el fin de facilitar la finalización del tratamiento en otra clínica odontológica o la cancelación del crédito. Así lo explicó ayer la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Ros Cihuelo, quien participó en una reunión de coordinación de la Audiencia Nacional con las comunidades sobre la gestión del macroproceso de iDental.
La reunión fue convocada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y en la misma participaron representantes de las comunidades, Fiscalía y representantes del Ministerio de Justicia. Cihuelo explicó, además, que su dirección general ha remitido, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón las nuevas reclamaciones y denuncias presentadas por los afectados en la comunidad. En total, ya son más de 700 las denuncias interpuestas por el cierre de las clínicas iDental —en Aragón funcionaban en Zaragoza— y que ya han sido trasladadas a los tribunales.
Por otro lado, el Ejecutivo sigue trabajando en dar información y asesoramiento a los pacientes afectados y está tramitando las solicitudes de atención a los afectados vulnerables en el marco del protocolo suscrito hace unos meses con la Obra Social del hospital San Juan de Dios, Fundación Odontología Solidaria y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón para atender a estas personas.
DATOS EN COMÚN
Por otro lado, en la reunión de ayer, las comunidades afectadas por el fraude de iDental acordaron con el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata coordinarse y poner en común los datos de los cientos de miles de perjudicados «para agilizar la investigación de esta macrocausa». A la reunión asistieron 14 comunidades afectadas, es decir, todas menos Navarra, Baleares, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Según señalaron algunos representantes, la Comunidad Valenciana sería la región más afectada, con 200.000 perjudicados. En Andalucía se contabilizan 90.000, Cataluña tendría en torno a 42.000, Murcia 22.000 y Aragón 12.000. En dicho encuentro el magistrado estableció con las regiones unas directrices para que estas entreguen a la Audiencia Nacional los historiales clínicos de los pacientes afectados. Se trata de unos pasos consensuados por todos los asistentes y que pondrán en marcha en las próximas semanas a través de un oficio que remitirá el Juzgado de Instrucción número 5.
Además, Justicia ha puesto en marcha una oficina especial para apoyar la gestión de esta macrocausa y ha creado una aplicación informática para la tramitación del procedimiento judicial, donde cabrán recursos específicos para los afectados.
