El consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, se arremolinaba en su escaño y apuntaba en su libretilla, mientras los grupos de la oposición le bombardeaban con el nombre de Bárcenas. Tocaba votar dos enmiendas a la totalidad presentadas por IU y CHA a la ley de autoridad de los profesionales del sistema sanitario. Fueron rechazadas por PP y PAR. Sus declaraciones, diciendo que todos los ciudadanos eran unos minibárcenas, pesaron más en el debate que cualquier otra cosa. Tan incómodo estaba el titular del departamento que terminó abandonando el plenario dejando a la izquierda parlamentaria con la palabra en boca.
No contestó a la oposición, ni se disculpó. Se limitó a defender la ley de autoridad, que en su opinión "no va contra nadie", sino a favor de los profesionales de la sanidad y los servicios sociales, y por tanto de los pacientes y usuarios. "No se trata de algo improvisado --aseguró--, sino del cumplimiento de un compromiso electoral del PP recogiendo una amplia demanda de los profesionales".
Unos profesionales, le espetó la portavoz de de IU, Patricia Luquin, "a los que también llamó minibárcenas. ¿Eso es reconocer la labor de los trabajadores públicos? Tiene usted muy poca legitimidad para referirse a ellos. Sus declaraciones fueron lamentables". Oliván encajaba los golpes inmutable y visiblemente molesto. Había recibido hace unos días la reprimenda de su jefa, Luisa Fernanda Rudi, aunque en privado, y ayer Bárcenas, del que la presidenta no quiere ni oír hablar, volvió a resonar en el hemiciclo.
Y así, el extesorero del PP, envuelto en una caso de corrupción, reapareció en las Cortes, salpicando el debate sobre la sanidad. Y todo gracias a Ricardo Oliván, que trató de convencer a todos los grupos de la conveniencia de la ley de autoridad. Ni siquiera eso consiguió. Para Luquin, es una "tomadura de pelo" que sea la primera ley que Oliván ha presentado en el parlamento cuando está haciendo "un ataque sin precedentes" a la sanidad y a los servicios sociales públicos.
"No está afrontando los problemas de fondo porque ignora las carencias del servicio debido a los recortes. ¿Cree que esta norma es lo más prioritario para el sistema público?", le preguntó la portavoz de CHA, Nieves Ibeas. A su juicio el consejero realiza un análisis "absolutamente sesgado de la realidad" frente a la "preocupante" situación de la sanidad y los servicios sociales, el abandono de los servicios públicos, la falta de inversión, los recortes de personal y el cierre de recursos asistenciales.
Eduardo Alonso, del PSOE, aseveró que la tramitación de esta ley no es ni prioritaria ni oportuna dada la gestión del Gobierno de Aragón en dos años por los recortes, el descontrol en las listas de espera y el ambiente que ha creado de desconfianza entre los profesionales a los que "han acusado de peseteros y de trileros --en referencia a Bárcenas--". Algo que ha contribuido, dijo, a incrementar la tensión entre el personal de la sanidad y los pacientes.
Oliván abandonó el pleno sin dejar terminar a los grupos. Luego volvió, cuando ya no se hablaba de los profesionales de la sanidad, ni de los pacientes. Tampoco de lo mucho que, en su opinión, todos ellos se parecen y se comportan como minibárcenas. Un nuevo concepto acuñado por el consejero.
