Ya llevan unos cuantos días guerreando los barrios rurales, que ayer dieron un paso desconocido y elevaron su queja hasta la misma sala de prensa del Ayuntamiento de Zaragoza, con el que andan en conflicto por el convenio de 9 millones firmado con la DPZ que el equipo de Gobierno no ha utilizado. «Queremos poner de manifiesto el desinterés del alcalde Azcón y su equipo de Gobierno por los vecinos de los barrios rurales», resumió Mariano Blasco, primer edil de Garrapinillos, abriendo la intervención en la que participó junto a Mamén López, alcaldesa de Peñaflor. Por allí andaba también José María Lasaosa, de La Cartuja Baja. Estaban, además, en representación de Montañana, Movera, San Juan de Mozarrifar, Torrecilla de Valmadrid y Villarrapa. Es decir, ocho de los 14 barrios rurales de Zaragoza.

La queja viene de los 3,5 millones de euros que el ayuntamiento va, o iba, a devolver a la DPZ al no haber sido utilizados. «Llevamos cuatro años en los que el ayuntamiento ha invertido cero euros en barrios rurales, pero además nos dice que es incapaz de gestionar tres millones y medio y lo devuelve a DPZ. No hay mayor despropósito. No invierte nada en los barrios rurales y, además, el dinero que recibe de forma gratuita no es capaz de ejecutarlo», señaló Blasco, que añadió que la única explicación que se les había dado era «que se cerraba este convenio porque había un desfase de cinco millones y medio de euros» y que el próximo estaba muy avanzado. «Falso».

La opinión del Gobierno es bien opuesta. De momento, asegura que va a trabajar en los próximos días con la DPZ para buscar una solución que permita invertir los 9 millones del convenio. Puede llegar un resultado temprano y completo, dicen, al tiempo que disparan enfrente: «ZeC y PSOE están inhabilitados para hablar de los barrios rurales. Dejaron una ejecución del convenio de menos del 25% habiendo transcurrido dos años de vigencia, con proyectos sin redactar y desfases inasumibles».

«Confiamos en que la solución llegue pronto. Ojalá podamos contar con los alcaldes para que ese dinero pueda ejecutarse en su totalidad», dicen en referencia a la baja ejecución del convenio «con la que se encontró el equipo de gobierno actual: 2,3 millones de euros en noviembre del 2019 (1,5 millones de esa cantidad correspondientes al anterior convenio). También saben que hay un desfase presupuestario de 5 millones de euros que no se puede cubrir con recursos municipales porque nunca ha habido dinero en el presupuesto».

De regreso al lado rural vuelve la otra visión, aderezada con las formas, que no gustan. «Solo tenían que darle a un botón y licitar. Pero no lo han hecho. Lo peor es la actitud: no consultan, no escuchan, no hacen caso a nada», remató Mamen López.