Con septiembre llega también el regreso de la actividad al Ayuntamiento de Zaragoza y una primera negociación en el calendario: la de las próximas ordenanzas fiscales. Pero, antes de que se aprueben las nuevas tasas y precios públicos para los zaragozanos, el equipo de Gobierno tendrá que afrontar la modificación de otras ordenanzas para hacer frente a los acuerdos alcanzados con IU.

Una de las principales modificaciones que, además, está causando tensiones en el propio equipo de Gobierno es la de la ordenanza de basuras, que quiere poner fin a las excepcionalidades que actualmente tienen, sobre todo, algunas cadenas de supermercados, que se recogen su propia basura y no pagan las tasas al consistorio.

63 autorizaciones excepionales

La recogida de basuras es realizada en Zaragoza a través de una concesión municipal de la empresa FCC. Pero, además, el ayuntamiento ha emitido autorizaciones a entidades privadas para que transporten las basuras por sus propios medios al vertedero. En concreto, se han detectado 63 usuarios --públicos y privados-- con autorización del vertedero que en el 2011 llevaron un total de 16.055 toneladas de residuos. Es decir, no pagan las correspondientes tasas por la recogida de basuras que sí pagan el resto de los zaragozanos.

Sin embargo, no todas ellas son susceptibles de incorporarse al sistema de recogida de gestión municipal, ya que, asegura el infome elaborado por los técnicos municipales, es preciso tener en cuenta situaciones especiales como la de Plaza, Valdespartera o la contrata municipal de Parques y Jardines. También las basuras generadas por estos operadores están contabilizadas en esas 16.000. Detraídos estos residuos se considera que unas 8.000 toneladas sí podrían incorporarse al sistema.

El 80% podría incorporarse a la contrata

El informe elaborado por el propio ayuntamiento revela que el 80% de las autorizaciones concedidas podrían incorporarse a la contrata municipal, sobre todo de uso comercial y de urbanizaciones. De hecho, entre estas autorizaciones especiales se encuentran grandes cadenas de supermercados como Mercadona, que transporta con sus propios medios sus residuos al vertedero. El documento, no obstante, asegura también que debe estudiarse caso por caso si finalmente compensaría económicamente revocar o no las autorizaciones.

El motivo es que en las cuentas no solo se debe contemplar el ahorro generado por las tasas que se cobrarían a estas empresas y por la reducción del precio de la tonelada al incrementar la cantidad que aportaría el ayuntamiento, sino también el precio que costaría que FCC las fuera a recoger y que conllevaría un aumento en las certificaciones.

Lo que sí es seguro que al sumar las 9.000 toneladas que previsiblemente podrían entrar en el sistema, el precio se reduciría en 1,86 euros por tonelada.

Aumento de la tasa a 34,74€ por tonelada

Por el momento, el acuerdo que el Gobierno municipal adoptó en julio solo contempla la posibilidad de modificar la ordenanza fiscal, por la que se incrementaría la tasa a cobrar a los actualmente autorizados a transportar con medios propios los residuos generados. De este modo, se duplicaría lo que actualmente pagan estos operadores y se ascendería a los 34,74 euros por tonelada en los que se cifra actualmente el coste real del servicio.

Sin embargo, queda en el aire --sí sigue en la agenda política de IU, el grupo que impulsó estos cambios, la modificación de la ordenanza de limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos para evitar que se concedan nuevas autorizaciones. Y, que en el caso de que estas se produjeran, solo pudieran aprobarse si el ingreso municipal previsto fuera superior a los costes añadidos por la recogida. Y también la posibilidad de revocar ese 80% de autorizaciones que, según los técnicos municipales, podrían adscribirse a la red de recogida global.