El portavoz del PP en las Cortes, Luis María Beamonte, ha exigido hoy explicaciones al Gobierno de Aragón y al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, por el “descontrol” presupuestario del ejercicio de 2017 detectado por la Cámara de Cuentas, que evidencia una situación “terriblemente preocupante”.

En una rueda de prensa, ha destacado que el informe constata los desequilibrios patrimoniales de la Comunidad, las omisiones en compromisos de gasto del ICO, del FLA, de la escuela concertada para cuatro años, con Zaragoza Alta Velocidad o Aramón o adquiridos con el Estado o de concesión de obra pública, en total 1.689,5 millones que para el Gobierno “no existen”.

También ha mostrado su preocupación por la “nefasta y contrataría a la legalidad” actuación en materia de contratación, y ha puesto entre otros ejemplos el gasto por 198 millones sin contrato del Salud, 448 millones que no se comunicaron a la cámara y sin que consten en el Portal de Transparencia o el fraccionamiento de contratos.

Y ha destacado especialmente a la utilización de una orden para llevar a cabo modificaciones presupuestarias una vez vencido el año a pesar de que la Cámara de Cuentas ya advirtió al Salud, en sus alegaciones a un informe anterior, de que eso va en contra de la ley de Hacienda de Aragón.

Ha destacado, entre las modificaciones presupuestarias de 2017, una del Salud por 7 millones para pagar nóminas y otra de 43 para el pago de suministros que se ejecutó en febrero de 2018 sin que las Cortes intervinieran.

“Lo que no cabe es actuar en fraude, estirando el año natural”, ha aseverado Beamonte, quien espera conocer si existen o no informes respeto a esa orden, de la Intervención General o de los Servicios Jurídicos del Gobierno, para actuar en consecuencia si hay responsabilidades por la utilización de una orden “ilegal”.

“No voy a entrar ahora en hacer apreciaciones sobre las posibles derivaciones de responsabilidad que podría implicar la existencia o no de un informe” y si existe, ha dicho, habrá que ver si pone o no reparos.

No obstante, ha reconocido que sin tener el informe y sin haber analizado lo que pueda decir respecto a la adecuación a la legalidad, de existir, no es el momento de hacer apreciaciones sobre si existen responsabilidades desde el punto de vista de la prevaricación administrativa.

“Vamos a ser prudentes”, ha dicho Beamonte, quien ha advertido en toco caso de que las conclusiones del informe sobre la cuenta general de la Comunidad de 2017 son “suficientemente serias y graves” para que Gimeno dé explicaciones, sin perjuicio de las acciones que pueda tener que llevar adelante el PP “en defensa de la legalidad”.

“Las reglas de juego están para cumplirlas” y hacer caso a las recomendaciones de la Cámara evitaría las “sorpresas” y encontrar una situación presupuestaria “terriblemente preocupante” cuando Gimeno pintaba un escenario “idílico”.

Para Beamonte, la situación requiere la adopción de medidas y acuerdos para que haya un mayor control y evitar la situación de debilidad económica en la que está Aragón.