l presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha defendido una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que deje el tipo mínimo en Aragón en el 18,5 % y el máximo en el 47,5 %, lo que supondría un punto menos entre quienes perciben rentas menores y cuatro puntos entre las rentas mayores.

El líder del PP plantea bajar progresivamente el tramo autonómico en el tipo mínimo del 10 % actual al 9 % y en el máximo del 25 % al 21 %, que sumados a los tramos nacionales reducirían la horquilla un punto en el mínimo, del 19,5 % al 18,5 %, y cuatro en el máximo, que pasaría del 47,5 % al 43,5 %.

Esa es una de las propuestas que ha destacado Beamonte en la presentación del programa fiscal del PP cara a las elecciones autonómicas de 2019, un acto presentado por el economista Daniel Lacalle con el lema "Pagar menos impuestos, tener más oportunidades".

Según Beamonte, revisar el sistema fiscal aragonés se ha convertido en una demanda social porque discrimina a los aragoneses respecto al conjunto de españoles, y el modelo fiscal del PP recoge rebajas y bonificaciones en impuestos como Sucesiones, Donaciones, Actos Jurídicos Documentados o Patrimonio que conllevarían en su conjunto una merma recaudatoria a corto plazo de más de 230 millones de euros.

Beamonte ha asegurado que esa bajada en la recaudación no pondría en riesgo la prestación de servicios, porque la sostenibilidad pasa por el crecimiento económico, y una mayor disposición de recursos vía menos impuestos favorece el consumo, genera más ingresos públicos y reactiva la economía.

"Es un efecto rebote que cualquiera lo entiende" aunque algunos, ha aseverado, "solo ven en el sangrado del ahorro el modelo de sostenimiento".

Así, en Sucesiones, el presidente del PP ha apostado por su bonificación hasta el 99 % hasta segundo grado de parentesco y en el mismo porcentaje en Donaciones para familiares directos y en Patrimonio, aplicando su exclusión en cualquier caso de ese cómputo la vivienda e inmuebles de carácter residencial.

En el caso de Transmisiones Patrimoniales, ha abogado por un tipo único del 7 %, que supondría un ahorro estimado medio de entre el 12,5 % y el 30 % para el contribuyente, y en el caso de las transacciones inmobiliarias realizadas en municipios de menos de 3.000 habitantes, rebajarlo hasta el 6 %.

Beamonte ha defendido además una bonificación del 10 por ciento en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentos para segundas y ulteriores entregas de inmuebles que sean energéticamente eficientes, los destinados a actividades de reciclaje o valorización de residuos, así como para las transacciones cuya finalidad sea la instalación o ampliación de entidades, actividades o inversiones productivas de bienes y servicios.

Se trata de una propuesta que según Beamonte se basa en la seguridad jurídica, en la equidad, en la certidumbre y la confianza, partiendo de que todos han de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos pero bajo la premisa de que no solo se hace desde "la confiscación del ahorro del conjunto de los ciudadanos".

"Ese es el método más fácil", ha dicho Beamonte, quien ha insistido en que Aragón "marcha" porque España "va bien", aunque ha rechazado hacer una "crítica despiadada" de quienes gobiernan y centrarse en exponer las propuestas del PP, que persiguen llegar al conjunto de las familias aragonesas, que no afectan en exclusiva a clases o sectores determinados y que tienen como objetivo apoyar a la sociedad y su crecimiento a través de un sistema impositivo "justo, constructivo e incentivador".

Para Beamonte, con el modelo fiscal que pretende aplicar el PP a partir de 2019, si cuenta con la confianza del conjunto de la sociedad aragonesa, Aragón "será percibido con otros ojos", en especial entre quienes hoy dudan establecerse en la Comunidad por las negativas consecuencias que tiene el sistema actual.

Además, preguntado por medidas concretas de lucha contra la despoblación desde una política fiscal no confiscatoria, ha avanzado que en dos semanas el PP presentará sus propuestas para el medio rural que incluye una ley, aunque no ha querido concretar las medidas hasta entonces.