El exconcejal socialista de Infraestructuras de Zaragoza, Antonio Becerril, abusó de su función como funcionario y cometió un delito de negociaciones prohibidas. Así lo ha considerado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón que le condena por ello, si bien le ha absuelto del delito de tráfico de influencias por que el que había sido castigado por un jurado.
De este modo, la Sala Civil y Penal del TSJA ha estimado en parte el recurso de apelación presentado por su abogada Cristina Ruiz-Galbe, contra la sentencia que le imponía 6 meses de prisión por el delito que ahora ha sido absuelto. Por lo tanto, solo tiene que hacer frente a la obligación de pagar una multa de 1.800 euros.
En el este fallo, los magistrados han desestimado en su totalidad el recurso que presentó el empresario Carmelo Aured, que fue condenado en el mismo juicio que Becerril a seis meses de prisión por un delito de tráfico de influencias. Su abogado César Ciriano ya ha anunciado que recurriá ante el Tribunal Supremo porque "si se absuelve a uno, también tiene que ser el otro, pues son ambos quienes hablan entre sí".
SIN INFLUENCIA
El TSJA, coincidiendo con el veredicto del jurado, no considera probado que Antonio Becerril tratara de influir en los funcionarios municipales para que emitieran sus informes en un sentido u otro. Resaltan que no está probado que Becerril hablara con los correspondientes funcionarios del Ayuntamiento para que emitieran su informe en el sentido de llevar a la mesa de negociación dicha oferta y que fuera valorada en 0 puntos; y se tiene asimismo por no probado que las conversaciones que dicho acusado tuvo con tales funcionarios fueran encaminadas a influir en éstos para que alteraran su criterio técnico y favorecieran a la empresa Arascon o a cualquier otra.
A pesar de darle la razón a ese respecto, los magistrados consideran que no se vulneró la presunción de inocencia del acusado, ni el derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como el exconcejal decía, por lo que han rechazado hacer una nueva valoración de prueba practicada por no existir arbitrariedad en la valoración realizada por el jurado.
Más duros han sido con el empresario Carmelo Aured y su relación con el exconcejal, ya que afirman que "se valió de la amistad para ejercer una presión moral para influir en el funcionario público con miras a obtener un beneficio o ventaja económica para sí o para un tercero".
Esto consistió en la concesión de obra pública sujeta a contratación por la administración municipal
