El caso de tráfico de influencias y abuso de poder por el que fueron condenados el exconcejal socialista zaragozano Antonio Becerril y el empresario Carmelo Aured está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Sus magistrados estudian desde ayer los recursos interpuestos por los abogados defensores, Cristina Ruiz-Galbe y César Ciriano, quienes piden que sus clientes sean absueltos. La Fiscalía se opone a ello.

Las penas impuestas a ambos fueron mínimas: Becerril a seis meses de prisión que no deberá cumplir --carece de antecedentes penales--, tres de inhabilitación para cargo público y una sanción de 1.800 euros, y a Aured a seis meses de cárcel, que si se hace firme la sentencia sí deberá cumplirlos al estar ya cumpliendo condena por fraude tributario.

Becerril, a través de su letrada, rechazó que el jurado entendiera que negoció con el exdelegado de Acciona en Aragón, José María Jordán, imputado en el caso saqueo de Plaza para que la constructora contratara a la empresa de un amigo de Aured, algo que supone "una actividad de asesoramiento a terceros en materias de su competencia", lo que compromete "su neutralidad e imparcialidad".

La penalista Ruiz-Galbe mantuvo que ese supuesto trabajo "no está en las actuaciones",.pero fue más allá en la crítica al decir que el tribunal popular cometió contradicciones al "señalar que no se influyó en ningún funcionario por lo que es completamente imposible que se cometa el tipo delictivo del que se habla".

Asimismo, señaló que las empresas de los amigos de Aured no lograron las adjudicaciones que pretendían y que los funcionarios que tramitaron los expedientes negaron que el exedil les hubiera presionado para que modificaran sus criterios.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Por su parte, el defensor del otro condenado, César Ciriano, señaló que no recibió información especial, ya que "todo lo que se habló era público, incluso se había publicado en prensa".

También afirmó que "no es delito hablar con un alcalde o un concejal que uno conoce, menos aún cuando ninguna de las obras que se trataron estaban relacionadas con Aured".

Algo que rechazó unilateralmente el fiscal Carlos Sancho, quien lamentó que "el mal endémico de España es que es un país de amiguetes". "¿Para qué se tienen que llamar hasta 60 veces para hablar de unas obras?", apostilló.

El representante del ministerio público recordó a los magistrados del TSJA que la Constitución Española garantiza el principio de igualdad, por lo que criticó esos tratamientos especiales entre Aured y Becerril.

De hecho, mostró su convencimiento de que Aured no consiguió que sus amigos constructores ganaran cinco concursos porque cometieron varios errores.

Asimismo, resaltó que "Becerril fue a la sede social de Acciona para exigirle que diera el contrato de los hormigones de Arcosur a un amigo de Aured y a cambio le prometía dar obras a su socio en la UTE". El caso está visto para sentencia