El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, liderará el recurso de inconstitucionalidad que los ayuntamientos socialistas quieren interponer contra la reforma local y al que podría sumarse CiU.

En declaraciones a los medios tras inaugurar la nueva sede de la empresa biotecnológica Araclon Biotech, Belloch ha informado de que el recurso es una iniciativa del PSOE y que la elección de la capital aragonesa es de "lógica", porque es la ciudad "más importante de España con un gobierno socialista".

El objetivo, ha precisado, es agrupar a la totalidad de ayuntamientos socialistas pero se han entablado conversaciones para que se unan de otros grupos políticos y ha asegurado tener "fundadas esperanzas de que en un futuro no muy lejano se pueda incorporar también CiU".

Belloch ha defendido el recurso ya que la reforma local supone un "peligro mortal" para los pequeños ayuntamientos, al llegar a perder todas sus competencias a favor de las diputaciones o de las administraciones en la prestación de servicios.

A su juicio, la reforma es "absolutamente" negativa contra todos los ayuntamientos en lo que supone de pérdida de autonomía, porque "todo está controlado por la intervención, el Ministerio de Economía y Hacienda y el Gobierno autonómico" y se "arriesga" la prestación de servicios esenciales de la ciudadanía.

Para Belloch, es "absurdo" que teniendo el personal adecuado y recursos suficientes se pretenda traspasar la competencia a la Comunidad autónoma que no los tiene.

El alcalde considera esta situación de "tan sinsentido" que, ha recordado, se han impulsado negociaciones formales con el Gobierno autonómico para que, ya sea mediante acuerdo o a través de la futura ley de Capitalidad, "se pueda resolver definitivamente un problema que pueda acarrear dificultades".

Belloch ha reconocido que desde la población no está percibiendo las consecuencias negativas de la ley porque desde los ayuntamientos "nos estamos resistiendo a abandonar los servicios en los que no somos competentes y mientras no nos lo ordenen", aunque ha advertido de que se siguen prestando "pero en un marco de inseguridad jurídica".