El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido seguir los pasos de otras grandes capitales, como Madrid o Valencia, para pedir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que se aplace hasta el 2015 la medida de retirarles la retribución a nueve de sus 31 concejales. Así lo exige la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada el pasado 30 de diciembre, en el apartado referido a la pérdida de la dedicación exclusiva de los ediles, aunque esta también ofrece una escapatoria a la que todas las grandes ciudades se están apuntando. La adicional décima que impone una serie de criterios a cumplir para gozar de esta moratoria.

Así que el consistorio zaragozano, lejos de querer entrar en discusiones con el resto de grupos municipales, lo que ha hecho es elaborar un informe que acredite que cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley, enviárselo al ministerio y que el Gobierno central decida. Este informe se llevará hoy a una reunión de Gobierno convocada con urgencia, antes de la celebración del pleno.

Según ha podido saber este diario, el informe elaborado desde el área de Economía y Hacienda que dirige el vicealcalde, Fernando Gimeno, apunta a la posibilidad de cumplir el compromiso de situar la deuda actual del consistorio en los límites que marca la ley en el plazo de dos años --no debe representar más del 110% del presupuesto, y ahora está en el 128%--, además de cumplir, en estos momentos, tanto con las obligaciones que le marca el plan de ajuste impuesto por el Gobierno central a Zaragoza, y con los plazos que establece la ley de morosidad para pagar a sus proveedores.

En este último apartado hay una consideración importante a destacar: las reglas para medirlo han cambiado. Zaragoza se ha dado cuenta de que otras instituciones, como el Ayuntamiento de Madrid o el de Valencia, o el propio Gobierno de Aragón, utilizan para medir los días que tardan en abonar las facturas la fecha en la que el departamento de Hacienda da el visto bueno a la factura, no la que se refiere al día en la que esta fue emitida. Así, en el caso de Zaragoza, los más de cien días que le cuesta pagar se convierten, según este informe, en 48 días, doce menos de los 60 que marca la ley. Y si a Madrid se le autoriza, con 7.000 millones de deuda, ¿por qué a Zaragoza no?

Mientras, con respecto a la deuda financiera, se ha tenido que acreditar, a través de un plan específico como el presentado por Madrid o Valencia, que puede aminorar la carga financiera. Y en relación al plan de ajuste, debería incorporar la liquidación del 2013, un documento que el Gobierno le exige conocer cada año a principios de febrero y que aún n o se ha presentado. Puede que hoy también se apruebe en la reunión.