El Gobierno aragonés establecerá el año próximo beneficios fiscales para los aragoneses que tengan o adopten un segundo hijo si éste presenta un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Los beneficiarios tendrán derecho a una deducción sobre la cuota íntegra autonómica del impuesto sobre la renta.

Así se prevé en la llamada ley de acompañamiento al presupuesto de la comunidad, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno. Dicha ley no sólo mantiene los beneficios fiscales existentes ahora (deducción en el IRPF por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos en atención al grado de discapacidad del segundo), sino que incorpora la nueva bonificación, que se aplicará a partir del segundo hijo si éste es discapacitado en un grado del 33%.

Esto supone, según señaló el consejero de Economía, Eduardo Bandrés, deducciones que oscilan entre los 500 y 600 euros.

Esta ley también recoge la anunciada subida del 2% adicional en las pensiones no contributivas y asistenciales en el 2005, medida que beneficiará a 12.000 aragoneses.

Por otra parte, la DGA esperar recaudar el año próximo 2,8 millones de euros más que en el presente ejercicio a través del cobro de tasas por servicios prestados, debido tanto al aumento de tarifas previsto en el presupuesto como a la modificación de algunas de ellas y a la creación de cuatro nuevas.

La recaudación a través de las tasas apenas tiene trascendencia en el presupuesto autonómico, al contrario de lo que sucede en el municipal. Así, el aumento del año próximo permitirá ingresar en las arcas autonómicas 8,3 millones de euros, frente a los 5,4 previstos este año. El incremento, de 2,8 millones, es apenas el 0,1% del presupuesto, como resaltó el consejero de Economía, Eduardo Bandrés.

La subida del 2% en las tasas incluida en el proyecto de presupuestos y la modificación de algunas de ellas, diseñada en la ley de acompañamiento , son la razón de ese aumento recaudatorio. El Ejecutivo crea cuatro nuevas tasas: por servicios administrativos en materia de medioambiente y en materia de conservación de la biodiversidad, por inscripciones en el registro de organismos modificados genéticamente y por servicios del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.

Algunas de estas tasas las gestionará el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que hasta la fecha no cobra por sus prestaciones.