El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha advertido hoy a las comunidades autónomas de que la prestación de servicios adicionales por parte de los Gobiernos autonómicos exigirá de sus ciudadanos una financiación adicional.
En un almuerzo-coloquio, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) dentro de la jornada "Presente y futuro de las Administraciones Públicas" y preguntado por la nueva ley de financiación autonómica, Beteta ha precisado que cada administración ejercerá una competencia, con la financiación adecuada, y que se evitarán las duplicidades y solapamientos en la gestión de los servicios públicos.
"No es neutral -ha añadido- el nivel de responsabilidad que deben tener las comunidades autónomas que quieran prestar servicios adicionales" y que éstas "tienen que tener capacidades fiscales y exigir a sus ciudadanos esa financiación adicional".
Beteta ha descartado que el incumplimiento por parte de Cataluña del objetivo de déficit fijado pueda suponer la aplicación del artículo de la Constitución que permite la suspensión de la autonomía y ha valorado la reducción en mil millones del déficit por parte de la Generalitat en 2013.
En cuanto a si hay margen para reducir más el déficit en 2014 por parte de las comunidades hasta llegar al 1 %, ha dicho que sí, aunque "estamos llegando al hueso del jamón, pero todavía quedan unas lonchas finas".
En su opinión, "algunas lo tienen ya", en referencia a las que han cerrado 2013 en torno a ese 1 %, y otras necesitarán ayuda, a lo que se presta el Ministerio para "tener las cuentas claras y transparentes".
Respecto a las incumplidoras con el objetivo en 2013, Beteta ha indicado que deberán presentar planes de ajuste y, "si hace falta", se tomarán otras medidas excepcionales para que cumplan en este ejercicio.
"Si hay voluntad, que la hay -ha proseguido-, seremos capaces de encontrar una solución".
En cuanto a la publicación de las balanzas fiscales, ha indicado que será "antes del verano" y las ha calificado de "elementos interesantes para conocer la realidad económico-financiera, junto con otros estudios e informes" entre la Administración central y las autonomías.
Ha dicho que también antes de esa fecha se publicarán otros estudios que han hecho todas las comunidades sobre esta cuestión, así como los informes de los expertos, "luego el Gobierno tomará partido".
En la misma jornada ha participado también el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, quien ha cifrado en 4.000 millones de euros el superávit alcanzado en 2013 en los 7.300 ayuntamientos que lo han conseguido, el 90 % del total.
Tras valorar que los ayuntamientos hayan cerrado 2013 con un superávit en sus cuentas del 0,41 % del PIB y que la deuda de estas corporaciones solo suponga el 4,3 % del total, el también alcalde de Santander ha considerado que sus buenos datos obedecen a que la situación inicial de la administración local "no era tan mala" como la de las otras dos y a la capacidad de hacer los ajustes en poco tiempo.
Ha reconocido que en los dos últimos años se ha reducido en 100.000 personas la administración local, "un 15,5 % en adelgazamiento de personal", principalmente, en "amortización de vacantes", mientras que en la administración autonómica esa reducción ha sido del 4 %.
Ha valorado también las "causas externas" para esa recuperación, como la ley de Estabilidad Presupuestaria, el aplazamiento de las devoluciones de las liquidaciones de las cuentas de los últimos años, el Plan de Pago de Proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
La secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rossana Navarro, ha señalado que con el FLA y el Plan de Pago a Proveedores, las comunidades autónomas han saldado deudas con las corporaciones locales por valor de 1.600 millones de euros.
Ha descartado que una autonomía pueda aplicar normas en contra de la reforma local, porque si legisla de esa forma se la requerirá y en caso de que no haya acuerdo, se recurrirá la norma autonómica.
