Los ciclistas de Zaragoza no podrán circular por las calles de acceso restringido, salvo que acrediten que se dirigen a un punto concreto que se encuentre en las mismas. De esta manera, el ayuntamiento cumple con el auto judicial del pasado mes y con condición impuesta por la sociedad mercantil Zalesco, que presentó varios recursos contra la ordenanza municipal de bicicletas para poner punto y final a la vía judicial.
La concejala de Movilidad, Teresa Artigas, admitió que no están a favor de limitar más el paso de las dos ruedas, pero que gracias a este acuerdo podrán abordar su futuro desde el plano técnico, político y social, no jurídico. Una decisión que «no es la ideal, ni la que más nos gusta porque la bici debería tener capacidad de ir por esta vía», confesó.
Explicó que la futura ordenanza municipal volverá a permitir que las bicis puedan circular por las calles peatonales limitadas a vehículos residentes, carga y descarga y taxis ocupados, una vez que la normativa estatal otorgue autonomía a las entidades locales para decidir sobre este asunto.
Hasta entonces, las bicis solo pueden circular por la calzada, los carriles ciclables y las zonas verdes, con la excepción de las calles de acceso restringido salvo si puede justificar su paso, tal y como tienen que hacer los conductores de vehículos privados.
El origen de la polémica se remonta a la anterior legislatura, cuando la entonces concejala de Servicios Públicos, Carmen Dueso (PSOE), aprobó en el 2012 una ordenanza de circulación de peatones y ciclistas y que fue recurrida. En el proceso judicial se suprimieron diez artículos. Tres años más tarde, el consistorio aprobó un listado de 214 calles por las que sí se permitía el paso de las bicis y que también acabó judicializado. Zaragoza en Común (ZeC) lo redujo a un centenar y finalmente ha tenido que cumplir escrupulosamente el Reglamento General de Circulación.
ACUERDO
El último auto daba la razón a la parte demandante, que denunciaba que el consistorio había «mantenido la circulación de las bicicletas por zonas de circulación restringida o prohibida», sin aportar razonamientos jurídicos para hacerlo.
Ante esta situación, Artigas explicó que se ha alcanzado un acuerdo con la sociedad que presentó las denuncias y que consta de cinco puntos.
La parte demandante se compromete a retirar el recurso y no presentar otros nuevos a cambio de que se apruebe una instrucción que obligue a las bicis a circular como un vehículo, que se retiren las señales que permitían su paso por calles de uso restringido (trabajos que comenzaron ayer) y zonas peatonales y bulevares. En este último caso no existe problema porque ya cuentan con infraestructura ciclista.
La concejala de Movilidad aseguró que el proceso judicial «ha condicionado las políticas de la bicicleta, ha generado inseguridad y cuestionado la capacidad del ayuntamiento para regular». Aunque insistió en que la condición no la compartía porque «la bici sí debería poder ir por estas calles, porque son el medio más sostenibles», aseguró que era la mejor manera de tratar de avanzar en la materia.
La zona más afectada con esta nueva instrucción, que tiene que redactarse y aprobarse para que la medida sea efectiva, será el Casco Histórico, donde se encuentra el mayor número de calles de este tipo y por donde circulan más bicicletas.
Artigas también instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que acelere el borrador del reglamento de circulación de la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha tenido en cuenta las propuestas de las entidades locales y de la Red de Bicicletas.
En el 2014, cuando una sentencia judicial prohibió a las bicis circular por la calzada, el número de ciclistas descendió radicalmente. De los 3,31 millones de desplazamientos contabilizados en el 20122 en el servicio Bizi Zaragoza, se pasó en el 2014 a 2,86. Según Artigas, ahora está volviendo a aumentar el número.
