El vicepresidente aragonés, José Angel Biel, consideró ayer que la sentencia del Tribunal Constitucional que otorga a la DGA la gestión del Parque Nacional de Ordesa "sienta un precedente" importante porque abre nuevas fórmulas para abordar competencias de titularidad estatal. Biel sugirió que cabe plantearse qué sucede con materias como las carreteras o los paradores nacionales.

Una sentencia del Tribunal Constitucional ha dado la razón a la DGA en su recurso contra la norma que modificó la ley estatal de Conservación de espacios naturales. El Alto Tribunal considera inconstitucional la cogestión de un parque nacional entre la Administración central y la autonómica y otorga la competencia a las comunidades.

De esta forma, Aragón se encargará en un futuro próximo de dirigir Ordesa, una decisión aplaudida por el Ejecutivo autónomo y por los partidos. El vicepresidente aragonés calificó la sentencia de "histórica", no sólo por su trascendencia jurídica, sino por su importancia política.

En opinión de Biel, se ha puesto de manifiesto que una "buena interpretación" de la Constitución "permite aumentar el techo competencial". Esta sentencia, sugirió, plantea la posibilidad de abrir un debate sobre hipotéticas cesiones en materia de carreteras nacionales o paradores, competencias de titularidad estatal que igualmente podría gestionar la DGA (como sucede, por ejemplo, con la Biblioteca de Aragón).

REPLICA El aragonesista salió al paso de las críticas ecologistas que dudan que las comunidades gestionen mejor estos espacios. "Sus críticas no son de recibo", dijo. "Es llamativo que grupos progresistas se opongan a que una autonomía gestione".

El Ejecutivo va a solicitar al Gobierno central que se abra ya la negociación para traspasar Ordesa, pues ahora hay que seguir el procedimiento habitual para que el Estado ceda a Aragón la competencia.

La DGA aprobó ayer una modificación de una ley autonómica para poder acoger la gestión de este entorno. La Consejería de Medio Ambiente ha establecido un grupo de trabajo para negociar con Madrid.

Todos los partidos mostraron su satisfacción y algunos reclamaron una gestión correcta.

El socialista Carlos Tomás indicó que no tiene sentido "pensar que la labor va a empeorar". El popular Eloy Suárez, quien recordó que el recurso lo promovió un Ejecutivo aragonés del PP, destacó que lo importante es que la competencia "se ejercite con responsabilidad" y que se priorice "la defensa del parque". Yolanda Echeverría, de CHA, ha solicitado una comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, para que explique "los mecanismos y criterios" que piensa establecer para asumir la gestión.

Javier Allué, del PAR, subrayó que la sentencia es motivo de satisfacción y se mostró convencido de que la comunidad mejorará la gestión. Y Adolfo Barrena, de IU, aplaudió la decisión y recordó que ésta era "una reivindicación" que ha hecho su partido "en múltiples ocasiones".

El delegado del Gobierno central en Aragón, Javier Fernández, consideró "razonable" que la comunidad asuma esta competencia.