«Se llega a más acuerdos en una reunión de media hora sin publicidad que en todas las mesas, comisiones y grupos de trabajo que se anuncian y que, en realidad, solo sirven para una foto que al final no beneficia a ninguno de los que salen». Esta confesión es de un participante en diversas comisiones bilaterales entre Aragón y el Estado. Es una reflexión que comparten otros responsables políticos que han participado en los cuatro grupos de trabajo que tienen el Gobierno español y el aragonés para abordar asuntos que afectan a la ciudadanía y ejecutar viejas reivindicaciones.
«En esos grupos se trabaja, pero la voluntad política de los principales responsables es la que vale. O el peso que tienen algunas comunidades de tener 15 o 20 diputados que pueden ejercer una verdadera presión sobre el Gobierno de turno para condicionar su acción política. Por no hablar del peso que históricamente han tenido los grupos nacionalistas vascos y catalanes para atraer inversiones y proyectos a cambio de prestar su apoyo a un determinado Ejecutivo», prosigue.
El Estatuto de Autonomía del 2007 introdujo una nueva forma de relación política entre Aragón y el Estado a través de la creación de una comisión bilateral en la que ambas Administraciones establecen una interlocución directa para avanzar en los proyectos considerados estratégicos para la comunidad y que suelen dormir el sueño de los justos. El próximo 19 de noviembre se realizará la primera comisión con el actual Gobierno. La anterior, con resultados cuestionables al igual que las seis anteriores a pesar de que ambas partes salieron satisfechas de su contenido, se celebró en junio del 2017. En total, se han firmado 35 acuerdos, 12 de ellos solo protocolarios o administrativos y cuatro han sido simples declaraciones de intenciones. Del resto, apenas se han cumplido cuatro.
Fuentes del Gobierno aragonés, consciente de las frustraciones que suele provocar el escaso éxito de estas reuniones, admite que en la reunión del próximo 19 de noviembre se tratará de llegara a acuerdos que se puedan cumplir. Es decir, que si bien no sean excesivamente ambiciosos por lo difícil de que se ejecuten de forma palmaria, se puedan llevar a cabo en un plazo lógico de tiempo. Por este motivo, aún no está cerrado el orden del día, que se terminará esta próxima semana, de modo que el día en que se celebre la reunión entre la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, y el de Vertebración, José Luis Soro, los temas estén bien cerrados. «Los grupos de trabajo han hecho una buena labor y se plasmará en propuestas realistas». Por tanto, que nadie espere una devolución inminente de la deuda histórica, o el anuncio de grandes obras o acuerdos cerrados sobre financiación o grandes infraestructuras. «Pero se darán pasos importantes», insisten.
Más optimistas son las negociaciones con otra administración, mucho más compleja, como es la europea. El propio presidente de Aragón, Javier Lambán, viajará hasta Bruselas para insistir en la necesidad de que la Unión Europea incluye en sus ejes estratégicos el corredor cantábrico-mediterráneo entre Sagunto y Zaragoza pasando por Teruel. Se está prácticamente convencido de que se incluirá. Ahí no ha habido más comisión que el trabajo ejercido en Bruselas como lobi y las reuniones entre Lambán y el presidente de Valencia, Ximo Puig, con el ministro --también valenciano, lo que demuestra que el paisanaje también es un elemento a tener en cuenta-- de Fomento, José Luis Ábalos, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Irreconciliables
La sintonía entre gobiernos es un arma de doble filo: es más fácil que entre dos administraciones gobernadas por el mismo partido pueda compartir proyectos pero a su vez tiene el dardo envenenado de que si hay discrepancias o resultados dudosos, la crítica pública se hace más compleja. Todavía se recuerda el malestar rotundo que el Gobierno de Marcelino Iglesias tuvo con los continuos desplantes de los ministros de Fomento José Blanco y, especialmente, Magdalena Álvarez, en tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y, cuando no hay voluntad, no hay voluntad. Es lo que ocurre en la comisión bilateral entre el Gobierno de Zaragoza y el de Aragón. Salvo la conveniencia de una ley de Capitalidad que tardó años en ser aprobada y una bonificación en el tan traído y llevado ICA, mucho ruido y mucha frustración por las desavenencias que tuvieron en sus tiempos parejas como José Ángel Biel y Juan Alberto Belloch o actualmente Lambán y Pedro Santisteve, de manera que ni siquiera hay fecha para la bilateral pendiente aunque se haya propuesto varias veces y los grupos de trabajo hayan hecho ya su labor.
