No es su competencia, ni siquiera están ya en sus instalaciones, pero el Ayuntamiento de Zaragoza promete tomar cartas en el asunto sobre el envío ilegal interceptado el pasado día 19 en Pina de Ebro, con 44 perros, más de 100 tortugas y pájaros en Pina a bordo de una furgoneta que acabaron en el Centro de Protección Animal de Peñaflor. Así lo aseguró el teniente de alcalde de Cultura y Medio Ambiente, Jerónimo Blasco, quien anunció que el consistorio "emprenderá acciones legales" si el Gobierno de Aragón decide finalmente no denunciar este hecho en el juzgado.

Dependerá de la respuesta que el Ejecutivo autonómico dé a su requerimiento, trasladado al conocerse la decisión de este de permitir que esos cachorros siguieran su camino hasta el destino para que sean las autoridades de esas comunidades autónomas las que judicialicen este episodio. "Audacia y contundencia", le exigía el concejal Raúl Ariza, de IU, en la comisión de Medio Ambiente celebrada ayer, al tiempo que le reclamaba convocar al consejo sectorial creado en la capital aragonesa para tratar casos como este.

Blasco y Ariza mantuvieron un rifirrafe por los pasos dados hasta ahora por el Gobierno municipal, aunque ambos coincidían en la "dejación" que ha hecho de sus funciones el Departamento de Medio Ambierte de la DGA, derivado, sobre todo, porque ni este ni la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) disponen de instalaciones con suficiente espacio para retener el envío en Aragón y cuidar a estos animales que, al tener edades comprendidas entre los 1,5 y los 3 meses, estaba legalmente prohibido transportar.

Así que Ariza le achacaba la misma pasividad a Blasco porque, según explicó, algo similar ya sucedió el año pasado, por un envío también procedente de Eslovaquia dirigido a la venta en España para las fiestas navideñas y entonces se retuvo en Zaragoza ofreciéndolos en acogida a familias. O que hubo un segundo el pasado mes de octubre. Y porque alertó de que "existe un macrocentro en Fraga desde el que se coordina la distribución", donde reciben cachorros "comprados por unos 10 euros cada uno" y desde allí los mandan a tiendas en España. En este caso, Blasco explicó que se dirgían a establecimientos de "Cáceres, Badajoz, Guadalajara y Madrid".