La sesión de control que protagonizó ayer el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, no fue la más cómoda de la legislatura. A la dura andanada del PP, que lo acusaron de haber vendido «humo» durante los tres años de la legislatura se sumó la bronca armada por los bomberos forestales desde la tribuna de público. Los gritos de «mentiroso» a cuenta de la rescisión de sus contratos obligaron a desalojar a tres de ellos tras ser apercibidos en dos ocasiones.

El popular Ramón Celma fue el primero en interpelar al responsables de la política ambiental y agraria en la comunidad. Le dijo que las debilidades y amenazas de su política se deben a que obvia «la gestión real» de los asuntos del departamento. Le acusó de «ineficiencia», de provocar el «desconcierto social» y de haber fracasado «en materia de recursos humanos». Como ejemplos de esta situación le recordó que se han suprimido las compensaciones por derechos cinegéticos en los municipios y que en este tiempo se ha disminuido el presupuesto para la gestión forestal excepto en prevención y extinción de incendios.

Además, Celma evidenció que desde el año 2016 «no se ha tratado la procesionaria» y que todavía se mantienen las órdenes de prevención de incendios de la legislatura anterior. «A pesar de que las cuadrillas tienen diez millones de euros más en los presupuestos no se ha mejorado su gestión ni se les han adjudicado nuevas funciones, solo lo ha hecho para evitar pequeñas crisis políticas con Podemos», afirmó.

incumplimientos / Precisamente, poco podía imaginar Celma sobre la bronca que se avecinaba a cuenta de las contrataciones de los bomberos forestales. El diputado de Podemos Andoni Corrales subió a la tribuna para reprochar al Gobierno de Aragón que haya «incumplido» sus acuerdos con el colectivo. En su opinión, los trabajadores de Sarga deberían estar en nómina hasta el 31 de diciembre, pero el pasado mes a los retenes se les anunció que finalizaban sus servicios. «No están a la altura del puesto, deberían dejarlo, con su gestión ha hecho buenos a todos los consejeros anteriores», afirmó Corrrales en una intervención más dura de lo habitual.

Olona consideró que se había obrado conforme a la legislación pues las cuadrillas están vinculadas a la empresa pública con contratos de carácter fijo discontinuo. «No está justificado mantener lo que no se necesita y privar de recursos a otras vertientes relevantes de la prevención forestal», consideró. Además puso sobre la mesa durante la legislatura la retribución salarial bruta anual de todos los trabajadores de Sarga «se ha incrementado desde los 9.675 euros a los 15.635» y que las cuadrillas forestales cobran ahora 18.135 euros al año frente a los 10.137 anteriores. También dijo que el tiempo medio de empleo para las cuadrillas ha pasado de los 186 días en el 2014 a los 274 del 2018.

Estos datos fueron recibidos al grito de «mentiroso» y otras increpaciones por los trabajadores que se encontraban en la tribuna de invitados, una situación que provocó el enfado de un buen número de diputados. El vicepresidente de la Cámara, Florencio García Madrigal, les amonestó en dos ocasiones.

La también diputada de Podemos Marta de Santos interpeló a Olona por la falta de control en el vertido de purines.