La séptima sesión con comparecientes de la comisión parlamentaria que estudia el plan de depuración de Aragón y sus posibles responsabilidades políticas despejó ayer pocas dudas sobre la efectividad de los convenios para aplicar el plan en los municipios de la comunidad. Ayer era uno de los platos fuertes de la comisión, con la comparecencia de los principales protagonistas de este proyecto, como el exconsejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, su exviceconsjero Luis Marruedo, la exministra Cristina Narbona, o los secretarios de Estado Antonio Serrano o Josep Puxeu.

Alfredo Boné desmintió en todo momento que el plan estuviera sobredimensionado, como sí han sostenido algunos alcaldes del Pirineo que han pasado por la comisión en sesiones anteriores. Mantuvo un pequeño choque dialéctico con la coordinadora de la ponencia y diputada de Podemos, Marta de Santos, que lanzó la acusación de que los municipios gobernados por el PAR recibían más ayudas per cápita que otros, algo que también negó tajamente y señaló que él no era responsable de las subvenciones. De Santos esgrimió un estudio propio en el que, según sus datos, recibían 66 euros por cabeza los municipios del PAR frente a 26 los del PP y 20 los del PSOE. Asimismo, rechazó que hubiera habido presiones a aquellos municipios que no querían formar parte del plan de depuración. Siempre se atendió a «criterios técnicos» y defendió el sistema concesional como «el único posible».

El sistema de concesión centró parte del debate con otros comparecientes, como el secretario general de Biodiversidad Antonio Serrano, quien defendió el control de los anexos del convenio asegurando que se velaba por el cumplimiento de los dos primeros y si había otros, no eran incompatibles, como es el caso de parte del dinero recibido, que se gastó para la renovación de tuberías.

De los 142 millones que finalmente contempló el convenio a aportar por el ministerio a Aragón, se determinó que 105 se iban a destinar a obras de abastecimiento, 27,7 a saneamiento y 9 a mejoras en los cauces. A cambio, la comunidad tenía que ejecutar completamente, con fecha 31 de diciembre del 2015, las depuradoras de las cabeceras de los ríos pirenaicos y las del plan especial de depuración, 433 en total de las que a finales del 2015 solo se habían hecho 120, según el informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización del Instituto Aragonés del Agua ese ejercicio.

Boné indicó que cuando él llegó al Gobierno ya se encontró un plan de saneamiento y depuración que se había aprobado en el 2001 con el objetivo de cumplir las directivas europeas en la materia, pero que apenas se había ejecutado, ya que preveía la primera construcción de 175 depuradoras y solo había hechas 35.

«Creo que el modelo funcionó hasta que llegó la crisis económica». El que fuera responsable de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) entre los años 2012 y 2015, Xavier de Pedro Bonet, evitó cualquier pronunciamiento rotundo siguiendo la estela de muchos de sus predecesores. Encuadró la función del organismo en el apoyo técnico a decisiones que tomaban tanto la DGA como el Ministerio de Medio Ambiente. «Durante mi mandato yo no recibí ninguna cuestión llamativa o cuestionable sobre el plan», indicó.

De Pedro asumió que fue la recesión económica la que truncó el desarrollo de los convenios al limitarse las aportaciones presupuestarias necesarias. «La fotografía general era positiva, pero con la crisis yo no fue tan fluida», señaló.

Uno de los aspectos concretos sobre los que se pronunció el responsable del organismo de cuenca, vinculado al PAR, fue el de la depuradora de Fabara. «Hubo muchos incumplimientos y por eso se produjeron sanciones», dijo. No aclaró si los fallos se debían a un fallo del modelo o a una mala gestión.

También consideró que la crisis económica fue un elemento esencial en el fracaso del modelo de saneamiento el que fuera consejero de Medio Ambiente a partir del 2012, Modesto Lobón. «Nosotros encontramos un plan que estaba dando buenos resultados», expresó a preguntas de la diputada del PAR.

Con su gestión consideró que se pudo realizar el 85% de las actuaciones previstas, aunque en las instalaciones pirenaicas tuvieron que recurrir a prórrogas. Negó además que se produjeran presiones a los ayuntamientos.