El consejero de Economía, Francisco Bono, ha declarado hoy como testigo durante una hora, ante el juez de Instrucción Número 5 de Zaragoza que investiga los sobrecostes millonarios en la construcción de 199 naves industriales en la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA).

Bono ha sido uno de los nueve exmiembros del consejo de administración de la sociedad publica Plaza que han sido citados a declarar hoy como testigos por el caso, entre ellos los exconsejeros socialistas de Economía Alberto Larraz y Ciencia, Tecnología y Universidad Maite Verde.

Al termino de su declaración judicial, Bono se ha negado a hacer valoraciones a los medios de comunicación sobre las cuestiones que le ha preguntado el juez y ha dicho: "no voy a hacer declaraciones, porque me parece una falta de respeto a lo que se hace en la sala".

"He contestado al juez todo lo que me ha preguntado", ha añadido el consejero, pero hay terceras personas que están imputadas y, por tanto, "lo que tenía que decir ya se lo he dicho al juez", ha enfatizado Bono, quien formó parte del consejo de administración como representante de Ibercaja.

Ante la insistencia de los medios ha dicho que no consideraba oportuno responder y ha reiterado que consideraba "una falta de respeto hablar de lo que he comentado al juez", aunque ha añadido que ha respondido a todas las cuestiones que le ha planteado, "todas lógicas de acuerdo con el proceso".

No ha querido referirse a si en este caso se ha sentido engañado, como miembro del consejo de administración, por parte de los órganos ejecutivo y de gerencia de Plaza y ha vuelto a reclamar la necesidad de respetar los procesos judiciales.

Tras indicar que ha estado una hora, "más o menos como los demás", respondiendo a las preguntas, ha concluido diciendo que está satisfecho ya que ha contestado "a lo que me han preguntado y ya está".

Francisco Bono ha sido el quinto de los nueve exmiembros del consejo de administración que ha declarado ante el juez, tras Fernando Herrando, que representaba a la CAI; Maite Verde, Andrés Cuartero, exconsejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad, y Alberto Larraz.

El juez ha citado a declarar esta semana como testigos a los 27 miembros que formaron parte del consejo de administración entre 2005 y 2010 para responder por los sobrecostes de las naves, que fueron construidas por Codesport, sociedad del empresario Agapito Iglesias, propietario del Real Zaragoza.

Según la denuncia presentada por la actual dirección de Plaza, el coste final de las 119 naves fue de 32,3 millones de euros, 17,8 millones más de lo presupuestado inicialmente, lo que podría suponer una presunta malversación de fondos públicos.

Por este asunto, el juez ha imputado a Agapito Iglesias, Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza, y Carlos Esco, exconsejero delegado de la sociedad pública y viceconsejero de Obras Públicas, a quienes el juez ha impuesto una fianza de 18,85 millones de euros por su responsabilidad civil al entender que hay indicios de criminalidad suficientes.