El consejero de Economía, Francisco Bono, pondrá su cargo a disposición de la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, si finalmente resulta imputado en el caso Plaza. El Ejecutivo, en nombre del propio Bono, emitió una nota de prensa a última hora de ayer para fijar su posición después del auto dictado por el Juzgado de Instrucción n° 12, de Zaragoza el pasado jueves. En él imputaba al consejo de administración de la plataforma logística durante los años 2008 y 2009. El titular de Economía formó parte de él, aunque por su calidad de aforado su situación de imputado solo puede determinarla el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). En la misma situación se encuentran el portavoz del PAR en el Parlamento, Alfredo Boné, y el diputado socialista, Alfonso Vicente.
En su comunicado el Gobierno de Aragón explicó que ayer mismo Francisco Bono había comunicado a Rudi que si el TSJA finalmente decidiese su imputación "en la causa, pondría el cargo de consejero de Economía y Empleo a su disposición". Hasta esta nota de prensa, y durante cuatro días, el consejero ha guardado silencio y nadie de su entono había realizado declaraciones. Ambos coincidieron por la mañana en Bilbao.
IBERCAJA Bono recordó que en las fechas a que se hace referencia en auto, año 2008, su pertenencia al consejo de administración de Plaza "era como representante de un accionista privado y minoritario en el capital de la sociedad". Se refería, sin nombrarlo, a Ibercaja, entidad que se encargará de defenderlo si resulta imputado. Señaló el consejero, a través de esta nota de prensa, que la imputación del juzgado "se realiza con carácter general a todos y cada uno de los miembros del consejo en aquel momento, con independencia del accionista que los designara. Además, conviene aclarar que la causa de la imputación es de carácter administrativo y no por otros motivos que pudieran suponer malversación de fondos públicos".
Bono recalcó también la idea ya esgrimida por otros aforados, como Alfredo Boné: debido a esta condición no tiene calificación de imputado, "ya que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la instancia que decida en su caso la imputación o no". Recordó también el procedimiento que debe seguirse. Es decir, que el juzgado de instrucción tiene que proceder previamente, como así lo ha señalado, "a tomar declaración a los diferentes imputados y testigos en la causa, y a la vista de todo ello decidirá si continúa con el procedimiento, o por el contrario procede al archivo del mismo". Y añadió: "Si el procedimiento continuase adelante, el expediente completo de todos los miembros del Consejo debería pasar al TSJA, el cual decidirá, llegado el caso, si procede o no la imputación".
La sociedad Plaza estaba formada por cuatro accionistas, Ibercaja (12,5%), CAI (12,5%), el Ayuntamiento de Zaragoza (12,5%) y el Gobierno de Aragón, socio mayoritario de esta empresa. De su gestión cuelgan ya varias causas judiciales y un reguero de imputados. Entre ellos el exgerente, Ricardo García Becerril; el expropietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias o el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó (PSOE). La imputación del consejo de administración de los años 2008 y 2009 deriva del llamado caso apartadero. El juez Alfonso Tello, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, investiga la existencia de prevaricación, y otro delito de malversación en dos contratas adjudicadas por Plaza en el 2008 y el 2009. Quiere aclarar por qué se aprobó la concesión de los contratos, de las obras del apartadero ferroviario y al movimiento de tierras para la zona de reserva de crecimientos, que ascendieron a 15,5 millones de euros.
