Habrá que seguir esperando. El conflicto por los servicios ferroviarios en Aragón continuará, después de que el Gobierno de Aragón y Renfe no llegaran a un acuerdo en la reunión que mantuvieron ayer ambas instituciones. El director general de Transportes de la DGA, Gregorio Briz, trasladó a los representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre ellos el director general de Transportes Terrestres, Jaime Moreno, y a los representantes de Renfe, la situación del ferrocarril en la comunidad y la decisión del Ejecutivo autonómico de no seguir financiando algunos de los servicios que se prestan en las líneas entre Zaragoza- Monzón-Lleida, Caspe- Fayón, Teruel-Caudiel y Huesca- Jaca.
Briz puso sobre la mesa los servicios que se prestaban antes del covid, los que se prestan ahora y los que asume la comunidad autónoma. Se analizaron los horarios disponibles y el servicio que atienden, así como la situación que se producirá con la supresión de los servicios. El director general de Transportes explicó que no se está hablando de «una cuestión de eficiencia económica» y que el Gobierno de España «debe conocer la importancia de estos servicios para la conexión entre las comarcas».
«Su mantenimiento es clave para garantizar la pervivencia de los servicios en el futuro y para luchar contra la despoblación», aclaró Briz. Sea como fuere, la reunión no terminó con acuerdo entre las partes, si bien el Ministerio se comprometió a a fijar una fecha próxima para mantener una reunión con el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la DGA, José Luis Soro, y los representantes de los ayuntamientos y comarcas afectadas.
Balones fuera
Asimismo, Briz defendió que las competencias ferroviarias correspondían al Gobierno central, y Aragón en estos momentos no podía permitirse «detraer» 4,2 millones de euros del presupuesto autonómico para costear un servicio que no le pertenece. «Tenemos otras competencias como el mapa concesional con una inversión de casi 15 millones de euros y que necesitamos para poder vertebrar el territorio y dar servicio de movilidad a núcleos con diez habitantes como mínimo», aclaró Briz.
«Es un momento clave para reivindicar que cada Administración financie sus competencias y en este caso, Aragón financie las suyas, que es la movilidad por carretera», apostilló. No obstante, los pueblos afectados siguen luchando por la supervivencia de estas líneas de tren y reclaman que los acuerdos se alcancen lo antes posible. «Más que recortar en gastos habría que plantearse las inversiones que luego van a ser rentables. Queremos reclamar que se pongan de acuerdo para mantener los servicios de manera rápida y que en los próximos cinco o seis años esta línea (Huesca-Jaca) tenga una inversión adecuada», aseveró el alcalde de Jaca. Asimismo, Ramón creyó conveniente «un estudio que demuestre que una línea de tren adecuada en el acceso al Pirineo sería rentable».
Por otro lado, la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles, también incidió en que la situación en estos momentos era «preocupante» y aseguró que no se cansaran de reivindicar «para que se restablezcan estos servicios». Además, Mustieles confía que, en la próxima reunión que vayan a mantener con el Ministerio, puedan y sepan «transmitir la necesidad de mantener el servicio». «Es un servicio demandado, y sirve a los pueblos adyacentes, que se desplazan mediante el tren porque no tienen otro medio de llegar a las grandes ciudades», destacó la alcaldesa de Caspe.
