Una iniciativa del PAR en las Cortes de Aragón que supondría que los ciudadanos de Zaragoza capital tuvieran que pagar el canon de saneamiento de aguas residuales provocó ayer una notable bronca política y un serio malestar en el consistorio zaragozano. Dicha iniciativa eliminaría la situación especial de que disfruta la ciudad, derivada del hecho de que hace ya unos cuantos años que paga una elevada cantidad de dinero por su planta depuradora. El revuelo multiplicó los contactos entre responsables de unas y otras instituciones e hizo que la situación se replantee. Mañana se verá si prospera definitivamente la propuesta.

En la ponencia que debate el proyecto de ley de acompañamiento al presupuesto autonómico del 2005, los aragonesistas defendieron una enmienda por la que desaparece una disposición de la Ley de Ordenación y participación en la gestión del agua de Aragón, precisamente, la que alude al régimen específico de Zaragoza respecto al canon de saneamiento.

Se trata de un debate bloqueado hace unos años, cuando empezó a diseñarse el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, que exige el establecimiento del cobro del canon por depurar a todos los municipios de la comunidad. Pero se estableció una excepción para la capital porque paga cada año --desde 1993-- una fuerte suma para amortizar la planta depuradora de La Cartuja y su gestión. Actualmente, esa cantidad es de 14 millones de euros anuales, lo que se repercute en los recibos del agua.

Hasta la fecha se había condicionado el cobro del canon de saneamiento en la capital a la firma de un acuerdo entre la institución que debe cobrarlo (la DGA) y el consistorio. De hecho, la ley recoge incluso esa obligación. Pero la enmienda del PAR de ayer da al traste con esta situación.

POR SORPRESA Esta iniciativa, planteada desde la Consejería de Medio Ambiente, que dirige el aragonesista Alfredo Boné, cogió por sorpresa a todos los partidos, incluido el PSOE de las Cortes, que se vio obligado a apoyarla, y a los responsables municipales de las dos formaciones del Gobierno, socialistas y nacionalistas.

En el ayuntamiento sentó muy mal, no sólo por las consecuencias que tendría la medida, sino también porque nadie se la esperaba. Y menos del PAR, que ha cuestionado con dureza el plan financiero municipal y las fuertes subidas de impuestos aprobadas por los socios, según recordaron fuentes de Chunta.

En las Cortes, ni los diputados del PSOE ni los del PAR quisieron hablar de este tema a la vista del follón político desatado y remitieron a los contactos que iban a mantener Boné y el consejero de Economía, Eduardo Bandrés, que es socialista.

Fuentes parlamentarias garantizaron que, finalmente, parece haberse logrado un nuevo acuerdo que frenará esta iniciativa: mañana habrá una nueva sesión de la ponencia --en principio, no prevista-- en la que el PAR retirará el punto polémico y se incluirá un nuevo texto que se limite a retocar la ley actual de aguas. Dicho texto establecerá que el convenio entre la DGA y el ayuntamiento para establecer una fórmula consensuada sobre el canon se negocie a lo largo del 2005.

La enmienda del PAR recibió el apoyo del PSOE y también el de IU, cuyo diputado, Adolfo Barrena, condicionó su votó a la aprobación de una propuesta de este partido que exige que el canon cobre más los usos abusivos de agua. Su postura, aseguró, está al margen de la bronca municipal. "En este tema no pienso en Zaragoza, sino en todos los ciudadanos. Lo lógico es que todos paguemos el canon, pero que los más consumidores paguen más", explicó.

El PP y CHA votaron en contra de una medida que rechazan. El nacionalista Chesús Yuste añadió que una iniciativa de esta envergadura no debería tramitarse vía enmienda.

La nueva reunión de la ponencia será poco antes de la comisión de Economía que debe aprobar la ley de acompañamiento antes del pleno.