La Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional (UO) ha salido en defensa de los dos mandos de Zaragoza que están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Gandesa (Tarragona). Tal y como adelantó este diario, ambos fueron denunciados por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de lesiones imprudentes graves al ordenar el regreso de una treintena de agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) desde la central nuclear de Ascó hasta su cuartel base de Casetas, a pesar de saber de que dos de ellos habían dado positivo en covid-19. La asociación cree que las «graves acusaciones vertidas» contra los dos oficiales «están basadas en informaciones falsas y tergiversadas» porque omiten «datos relevantes» del origen del contagio.

En un comunicado, la UO asegura que la propagación del coronavirus «no ha tenido lugar durante ningún acto de prestación de servicio», sino que tuvo su origen «en una comida de despedida» celebrada el pasado 12 de septiembre en Zaragoza, a la que «asistieron unas 30 personas», entre personal destinado en el GRS de Casetas y otros que, procedentes del mismo, pasaban destinados a otras unidades, según esta versión. Esta organización profesional recrimina a la asociación de guardias civiles Jucil que ha omitido este hecho en la denuncia que presentó y que dio origen a la investigación judicial.

Según el relato de la Unión de Oficiales, el 17 de septiembre, cinco días después de la comida, dos guardias civiles integrantes de la unidad apreciaron síntomas compatibles con el covid-19, uno de los cuales había asistido a la comida. Posteriormente, tras la realización de prueba PCR se confirmó que los síntomas obedecían a PCR positivo. Ese mismo día, recuerdan desde la UO, otro agente que no había sido comisionado a la central nuclear y que también había asistido a la despedida, sintió igualmente síntomas y dio positivo.

La asociación subraya que la decisión de replegar a los guardias civiles fue «en cumplimiento de las directrices de la Consejería de Sanidad»_de la DGA, que en un escrito de 22 de septiembre recomendó que solo se aislaran en Ascó los dos casos confirmados hasta ese momento. Por todo ello, la UO anuncia que tomarán las medidas necesarias para «defender la honorabilidad y profesionalidad» de los oficiales denunciados «a los que, junto a la propia imagen de la Guardia Civil, la asociación Jucil ha puesto en cuestión».