La consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales del Gobierno autonómcio, María Victoria Broto, ha incidido en que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) abre "una ventana de oportunidad para que las políticas de servicios sociales se centren en uno de los ámbitos fundamentales, que es la inclusión social". Lo ha indicado durante la presentación este jueves, en el Pleno de las Cortes, de la convalidación el decreto que pretende adaptar las ayudas aragonesas al nuevo marco generado por la previsible llegada de la prestación estatal.

Durante su intervención en el Pleno, Broto ha dicho que el IMV supone un paso "muy importante" en la consolidación del estado de bienestar. "Un avance, impulsado por las fuerzas del progreso, igual que lo fueron en el pasado la educación pública, el sistema nacional de salud, las pensiones no contributivas de jubilación o la atención a la dependencia".

"Es un paso que pretendemos complementar en Aragón pero que supone también una reivindicación histórica de las comunidades autónomas que desde hace años venimos exigiendo una política estatal de garantía de ingresos". Gracias al IMV, "se abre una ventana de oportunidad para que las políticas de servicios sociales se centren en uno de los ámbitos fundamentales, que es la inclusión social, debemos adaptar nuestro catálogo de prestaciones al nuevo marco".

Ha señalado que con este decreto-ley persiguen tres objetivos. El primero, establecer los mecanismos de transición entre el IAI y las ayudas de integración familiar y el Ingreso Mínimo Vital. "Queremos garantizar que nadie se quede sin ingresos en este periodo transitorio". Para ello, se amplía hasta el 15 de septiembre la solicitud del IMV y no será necesario requerir la autorización de los usuarios para poder pasar de oficio los expedientes.

El segundo objetivo es "cubrir aquellos huecos que se venían cubriendo con el Ingreso Aragonés de Inserción y se quedan en un vacío con el Ingreso Mínimo Vital, pese a que este va a llegar a un porcentaje mayor de la población".

Esto afectaría, sobre todo, a los jóvenes tutelados de 18 a 22 años, que proceden de protección de menores y que lo requieran, estén en proceso de programas de emancipación o transición a la vida independiente, y a las personas sin hogar que participen en programas personalizados de inclusión social.

El tercer objetivo es "crear una nueva estructura administrativa", el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social, con una participación de servicios sociales, administración local y autonómica. "Lo que queremos es que los ciudadanos aragoneses tengan derecho a disponer de los recursos y prestaciones suficientes para vivir con dignidad".

Broto ha remarcado que el IMV supone el "mayor avance en los derechos sociales" de España, "al menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia". Pero ha incidido en que el objetivo es que este derecho ciudadano quede garantizado en la Comunidad con las nuevas prestaciones planteadas en el decreto.

La aprobación de este decreto-ley será al final de la jornada parlamentaria, cuando se realicen las votaciones de todo lo debatido este jueves. Esta medida de trasladar las votaciones a última hora se ha tomado por seguridad sanitaria.

PREOCUPADO POR LAS PERSONAS

La diputada socialista, Pilar Zamora, ha celebrado que ya se esté debatiendo la convalidación de este decreto-ley evidenciando "la fibra social del Gobierno de Aragón, preocupado por las personas". Ha mencionado que el IMV es una medida histórica "valiente" que nace con el objetivo de "erradicar la pobreza extrema en España".

En representación del PP, María Ángeles Orós, ha considerado que "el fin no justifica los medios" y que este cambio en el ingreso aragonés de inserción "no se puede despachar a través de un decreto-ley". Ha remarcado que "el fin lo compartimos" es "loable" pero este decreto "es un despropósito". Así, ha pedido que se tramite como proyecto de ley y ha criticado la falta de definición del texto presentado por el Gobierno este jueves en las Cortes.

La parlamentaria de Cs, Loreto Camañes, ha apuntado que es "fundamental" que esta prestación se acompañe con medidas de inserción laboral. "Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien para establecer medidas contra la pobreza, es necesario garantizar ingresos mínimos, pero no condenarlas o convertirlas en rehenes de estas prestaciones".

El diputado de Podemos-Equo, Nacho Escartín, ha alertado de la situación de "pobreza extrema" en España. Por eso, ha insistido en la necesidad de que "cualquier familia tenga el mínimo para vivir". "Para nosotros este tiene que ser el paso que vaya en la línea de la renta básica universal, porque es un derecho humano que todas las personas por el mero hecho de nacer tengan satisfechas sus necesidades básicas".

UN DECRETO-LEY "NECESARIO"

En representación de CHA, Carmen Martínez Romances, ha opinado que este decreto-ley es "necesario" y que la aprobación del Ingreso Mínimo Vital supone reconocer que el Estado español tiene un problema de pobreza estructural y al que hay que plantar cara. "Muchos perceptores del IAI ahora lo van a ser por derecho del IMV y nos parece que hay que garantizar esa transición para que nadie se quede en este periodo sin ingresos, además, hay colectivos que no se pueden acoger y que también tienen que tener un escudo social".

El parlamentario de Vox, David Arranz, ha dicho que apoyan la idea de estado social y mantener el sistema de bienestar, pero se ha mostrado crítico con algunos sistemas de prestaciones, como el Ingreso Aragonés de Inserción, por considerar que deberían ser temporales: "En ocasiones perpetúan y cronifican la pobreza, por no estar coordinados con la búsqueda de empleo". Además, "pueden suponer un efecto llamada a la inmigración ilegal".

El diputado del PAR, Jesús Guerrero, ha considerado que esta prestación responde a una "reivindicación histórica". Ha elogiado que, con esa medida, los ingresos se adapten a las necesidades de Aragón y ha remarcado el voto a favor de su formación a este decreto-ley.

En representación de IU, Álvaro Sanz, ha señalado que esta medida es "profundamente apresurada" porque el IMV está en proceso de negociación. "todavía no se ha cerrado". Además, ha remarcado que hay que "ampliar el escudo de protección", al tiempo que ha apostillado que el IAI no es contradictorio con el IMV.