La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha asegurado hoy que ha desarrollado acciones, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad, para aumentar la seguridad en los puntos de encuentro después de que una mujer fuera asesinada en uno de ellos en julio de 2016.
En una comparecencia solicitada por Podemos, la consejera ha reprochado a la diputada interpelante que no es "la única" feminista de la Cámara y que no le parece "el día más oportuno" para plantear esta cuestión.
Ha reiterado que acabar con la violencia machista es una de sus mayores preocupaciones, pero que muchas de estas medidas acordadas no las puede ni debe contar precisamente por motivos de seguridad.
En todo caso, ha reclamado una reforma legislativa para que se suspenda el régimen de visitas cuando existe violencia de género o que no se permita la custodia compartida en estos casos, ante lo que si se logra unanimidad "habremos avanzado mucho", ya que crímenes como el del pasado julio en Zaragoza no se habrían producido.
No obstante, ha defendido el protocolo actual por el que funcionan estos centros, que es "excelente", así como a los profesionales que allí trabajan, y ha subrayado que después de lo ocurrido se tiene un "mayor celo".
Broto ha concluido animando a trabajar por la igualdad, porque "si hubiera igualdad real, no habría violencia".
La diputada de Podemos Amparo Bella, por su parte, ha aseverado que "sin recursos no hay igualdad" y ha preguntado por qué no hay vigilancia en estos centros o no se instala "una sencillita cámara" como en cualquier otro edificio público.
Ha dudado también que el personal sea suficiente para todos los usuarios de este servicio y ha considerado necesario que se reformen los protocolos para adecuarlos a la realidad y dotar a estos centros de mayores medidas de protección.
En el turno del resto de grupos parlamentarios, Ana Marín (PP) ha hecho un llamamiento a la unidad de los partidos políticos y de la sociedad porque es "lo único" que va a permitir acabar con esta "lacra social", algo que cree que en algunas ocasiones se ha roto en la Cámara aragonesa.
Ha dado la enhorabuena a la consejera por su trabajo en coordinación con la Delegación del Gobierno, pero ha señalado también que muchas veces "nos olvidamos" de los menores, que también son víctimas.
Por el PSOE, Pilar Zamora ha rechazado que un hombre que maltrata a su mujer "pueda ser un buen padre" y ha instado a sumar esfuerzos en la comisión parlamentaria sobre la violencia de género.
La diputada del PAR Elena Allué ha afirmado que se hace un "flaco favor" a las víctimas trayendo este debate a las Cortes y ha considerado, en referencia a Podemos, que "a alguien parece que le gusta que haya micrófonos y medios de comunicación para determinadas cuestiones", mientras que ha abogado por que los debates en torno a las medidas de seguridad se desarrollen en otras instancias para no dar pistas a los agresores.
En palabras de Desirée Pescador, de Ciudadanos, los datos demuestran que las leyes actuales "no son suficientes", ha comprometido el apoyo de su grupo para revisar los protocolos, ya que "son necesarios cambios", y ha preguntado si el Gobierno se plantea una presencia continua de las fuerzas de seguridad.
Carmen Martínez (CHA) ha valorado la coordinación del Ejecutivo en este asunto, si bien ha afirmado que es difícil conseguir la integridad física y psíquica de las mujeres, dado que el mero hecho de acudir a estos centros cuando hay antecedentes de violencia machista "ya es maltrato".
La diputada de IU, Patricia Luquin, ha recalcado que "es evidente" que el protocolo no funcionó y ha confiado en que las críticas permitan avanzar en este aspecto, además de mostrarse convencida de que de haberse tratado de otro tipo terrorismo sí que se habrían tomado medidas.
