La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha calificado de "muy positiva" la vacunación contra el covid-19 en las residencias de personas mayores. Del 3 por ciento inicial de residentes que se negaron a vacunarse se ha bajado al 2 por ciento y del l3 por ciento de los trabajadores se ha quedado en el 10,3 por ciento.

Broto ha recordado que el Gobierno de Aragón "está a su disposición", tanto para residentes como trabajadores, y cuando lo crean conveniente los que todavía no se han vacunado lo pueden solicitar a la dirección del centro, que se pondrá en contacto con el centro de salud correspondiente o mediante la autocita porque el objetivo es llegar al cien por cien.

Ha subrayado la importancia de recibir la dosis porque se han dado muy pocos positivos que entre los residentes, en la actualidad, es de un solo positivo y entre los trabajadores se contabiliza "alguno" en localidades donde la transmisión comunitaria es mayor. "La esperanza de la vacunación se ha confirmado", ha enfatizado Broto.

En declaraciones a los medios de comunicación, Broto ha informado de que el centro COVID del barrio rural de Casetas (Zaragoza) se mantiene abierto porque "es un servicio necesario y útil". En la actualidad, hay un residente procedente de un residencia de personas mayores y los otros seis son ciudadanos que precisan de este equipamiento por distintos motivos, como la situación de soledad o las condiciones de su vivienda, entre otros.

EJEA

Por otro lado, ha contado que la residencia privada de Ejea de los Caballeros sigue intervenida por orden judicial, en aras del "buen funcionamiento del centro y la garantía de los residentes", y seguirá en esta situación hasta que tenga capacidad de funcionar normalmente, "sin la ayuda del Gobierno de Aragón".

Ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha intervenido ocho residencias de personas mayores y la última que se encuentra en esta situación es la de Ejea, con autorización judicial que se renueva cada 15 días.

Ha justificado esta decisión porque el centro llegó a tener el 90 por ciento de los residentes positivos en COVID-19 y también entre los trabajadores y hasta el director. La intervención se ha hecho con personal público y seguirá hasta que funcione con normalidad, ha reiterado.

"Siempre hay que garantizar el funcionamiento de las residencias de personas mayores hasta que pueda operar de forma autónoma y cuando veamos que puede dejará de estar intervenida". Broto ha concluido al apuntar: "Ahora no tiene capacidad de funcionar de manera autónoma sin nuestra ayuda, y no tenemos ningún interés en intervenir solo en garantizar su funcionamiento y dar tranquilidad a los usuarios y trabajadores".