La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha defendido la renovación del convenio firmado por el Gobierno del PP en 2012 para prestar asistencia religiosa en el centro de menores de Juslibol (Zaragoza) y se ha amparado en la libertad de los chicos allí internados.

Ante las críticas de la diputada de Podemos Amparo Bella, quien en el Pleno de las Cortes ha criticado la renovación del convenio con el Arzobispado de Zaragoza, la consejera ha insistido en que se trata de que, "dentro de sus dificultades", estos menores, internados por orden judicial, "sean personas libres".

La asistencia religiosa, tanto católica como islámica y evangélica, se presta "a demanda" de los menores, porque se trata de sus derechos, a pesar de que el Gobierno, ha insistido, apueste por la laicidad.

A Bella, sin embargo, le sorprende que el ejecutivo apueste por una política confesional "en lugar de privilegiar los derechos educativos de los menores".