La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, aseguró ayer que la ley de acción concertada aporta «mayor seguridad» y «garantiza la calidad» de los servicios sociales al dar prioridad a la gestión de las entidades sin ánimo de lucro. «No tenemos ninguna intención de privatizar los servicios y se lo hemos demostrado en la práctica», enfatizó Broto durante su comparecencia, a petición de Podemos, ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes.
La ley de acción concertada «tiene en cuenta al tercer sector y da más seguridad, ya que se plantea por cuatro años», dijo Broto. A su juicio, los servicios sociales «deben superar el concepto de beneficencia» y, por ello, la norma está basada «en un enfoque global de cooperación entre instituciones y entidades sociales para llegar a toda la ciudadanía con mayor calidad e igualdad», dijo. La consejera apuntó que el espíritu de la norma «es el contrario» a la privatización, ya que se apuesta por que las entidades del tercer sector tengan una modalidad específica para gestionar los servicios sociales.
La diputada de Podemos Amparo Bella recordó que apuestan por «la gestión directa de los servicios precarizados durante la crisis» y expuso la «necesidad» de priorizar las valoraciones técnicas por encima de las cuestiones económicas.
