Broto dice que la ley de acción concertada aporta seguridad y calidad a los servicios

"No tenemos ninguna intención de privatizar los servicios y se lo hemos demostrado en la práctica, ya que ninguno ha sido privatizado", ha enfatizado Broto durante su comparecencia, a petición de Podemos, ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes.

La ley de acción concertada, ha agregado según fuentes parlamentarias, "tiene en cuenta al tercer sector y responde a la necesidad de concertar servicios sociales con mayor seguridad, ya que se plantea por cuatro años, garantizando la calidad y, a su vez, evitando que empresas privadas lleven a cabo estas actividades, si existen entidades sociales".

A su juicio, los servicios sociales "deben superar el concepto de beneficencia" y, por ello, la ley está basada en un enfoque global de los derechos y en una cooperación entre instituciones y entidades sociales para llegar a toda la ciudadanía con mayor calidad e igualdad".

El espíritu de la norma "es el contrario" a la privatización, ya que se apuesta por que las entidades del tercer sector tengan una modalidad específica para la gestión de los servicios sociales, ha aseverado Broto.

La diputada de Podemos Amparo Bella ha recordado, por su parte, que la formación morada apuesta por "la gestión directa de los servicios precarizados durante la crisis", y ha expuesto la necesidad de priorizar las valoraciones técnicas por encima de las cuestiones económicas.

Marián Orós, del PP, ha considerado que no hay que ser "fetichistas" porque "lo importante es la calidad del servicio con independencia de que lo preste una entidad o una empresa", y ha añadido que "acotar o expulsar" a las empresas "es sectario".

Para la socialista Pilimar Zamora, "esta ley contribuye a mejorar la gestión" y, además, "responde a un compromiso electoral", al tiempo que ha recalcado que la ley es "pionera y un ejemplo para el resto de comunidades", entre otras cosas porque "antepone la calidad a la gestión empresarial".

En opinión de Elena Allué (PAR), lo primero es dar respuesta a las necesidades de la sociedad aragonesa y que los servicios se presten con la mejor calidad posible, "los gestione quien los gestione".

Y ha advertido de que una cosa es la gestión indirecta y otra la privatización, que ni en la anterior legislatura ni en la actual se ha llevado a cabo, ya que en la gestión indirecta el control sigue siendo público.

Desirée Pescador (Ciudadanos) ha mostrado su apoyo para que los servicios sociales cumplan con la ley y sean para todos los ciudadanos.

Por último, la diputada del Grupo Mixto-IU, Patricia Luquin, ha explicado que aunque el sistema es público, lo podría ser "totalmente", ya que existe la gestión directa e indirecta y después la contratación puede realizarse por entidades sin ánimo de lucro o por empresas.

En su opinión, la gestión directa "es más fácil", ya que los derechos deben garantizarse por la propia administración.