La responsable municipal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, ha decidido eliminar las restricciones que existían para la concesión de ayudas de urgencia. Todos los cupos, en cuanto al número de ayudas permitidas al año o las cuantías máximas autorizadas, pasan de ser de obligado cumplimiento a meras cifras orientativas. Con el objetivo de que, a partir de ahora, sean los profesionales de los servicios sociales los que determinen si estas son suficientes o, en casos muy extremos, estas son insuficientes y necesitan superarlas.

Broto ha trasladado una instrucción que anula el mandato que el pasado mes de marzo hacía el Gobierno socialista. Su decisión afecta principalmente a las ayudas para alimentación, para el gas y la luz, para el alquiler de la vivienda o sanitarias. Atendiendo a las necesidades de cada caso individualizado, se suprime el cupo máximo.

En el caso de las ayudas alimentarias, las familias solo podían disponer de cuatro ayudas al año y cuantías máximas de entre 150 y 450 euros según el número de miembros. Ahora serán los trabajadores sociales los que determinen cuánto y cuántas debe percibir cada una en función de sus carencias.

INDIVIDUALIZADO

Para la luz y el gas, eran seis las mensualidades que se podían cubrir y por el importe del recibo, pero se ha decidido actuar en una problemática que va más allá de esos seis recibos y en los que, una vez alcanzados, se quedaban sin cobertura. Ahora este límite se suprime.

Con respecto al alquiler, cada familia podía recibir un máximo de 600 euros y tenían restricciones en casos en los que percibieran otro tipo de ayudas para el arrendamiento de esta u otra administración. Ahora estas desaparecen y en los casos más extremos habrá una total cobertura.

En el de las sanitarias --ortodoncias, gafas, prótesis o gastos similares, necesarios pero inasumibles a veces--, se asumirá el coste, sin límite de cuantía, si las circunstancias lo requieren.

Además, la instrucción insta a dar un tratamiento especializado a lo que denomina planes de larga intervención. Se trata de garantizar una cobertura de todas las necesidades básicas por un plazo máximo de cuatro meses a familias que estén en perspectiva de resolver a medio plazo su situación. Esto es, perceptores del Ingresos Aragonés de Inserción (IAI) que esperan empezar a cobrarlo o familias que vayan a acceder a unos ingresos normalizados, como una prestación y subsidios por desempleo, la renta de inserción, pensiones no contributivas o por incapacidad, entre otras. En estos casos, además, no se les requerirá que acudan cada mes a renovar su solicitud, aliviando de saturación a los centros y destinando más medios a su seguimiento.