Buena voluntad, pero poca coordinación. Y pocos recursos materiales. Esta es la conclusión principal del informe de la Cámara de Cuentas de Aragón analizando los parámetros ambientales de los municipios de más de 10.000 habitantes de la comunidad en esta materia. «El gasto contabilizado específicamente en medidas contra la contaminación atmosférica, acústica y lumínica no llega al 1% de los gastos del presupuesto dedicado a los servicios públicos básicos y nos parece muy escaso», afirmó ayer el presidente de la entidad, Alfonso Peña.
De este modo, en la ejecución presupuestaria del ejercicio del 2017 (la que se toma como referencia) de las entidades fiscalizadas tuvieron «escasa importancia» los gastos medioambientales en relación con el total de aportes a los servicios públicos básicos, superando el 1% de esos únicamente en Calatayud (7,20%), Jaca (4,76%) y Teruel (10,42%). Por otra parte, solo disponían de fondos presupuestados en programas específicos nueve ayuntamientos (Barbastro, Calatayud, Cuarte de Huerva, Fraga, Jaca, Tarazona, Teruel, Utebo y Zaragoza) y ninguno de ellos estableció «objetivos ni indicadores presupuestarios» que permitieran el seguimiento de los gastos ejecutados para la protección y mejora del medio ambiente.
"Declaración de intenciones"
La Cámara de Cuentas también lamenta que ningún consistorio haya desarrollado un sistema homologable de gestión ambiental teniendo en cuenta los parámetros que detalla la Unión Europea. «Es un aspecto importante, pues es algo que también impone obligaciones», evidenció el responsable del órgano de fiscalización. Son un compromiso oficial.
Con todo, Peña celebró el rol de las comarcas en el sistema de recogida de residuos (posiblemente el aspecto mejor dotado económicamente y gestionado, según se desprende de los datos aportados por los consistorios) y la iniciativa de las diputaciones, a las que pidió «una actitud más proactiva» en el impulso de medidas concretas, por ejemplo, de formación dirigida a los técnicos municipales. La consejera de la Cámara de Cuentas, Rosa Montoliu, destacó que no existe «una actuación global y coordinada» entre administraciones a la hora de plantear mejoras en la materia.
Todos los ayuntamientos, excepto Fraga, tienen en cuenta la gestión natural en su forma de organizarse pues disponen de alguna unidad con competencias ambientales y todos, excepto Cuarte de Huerva y Teruel (pese a ser el tercer municipio por número de habitantes), cuentan con técnicos especialistas en la materia. No obstante, el número de estos técnicos resulta «escaso», especialmente en el caso de los tres municipios mayores. En Zaragoza, de los 45 trabajadores adscritos a la unidad con competencias ambientales solo dos son técnicos especialistas. En Huesca, de 68 funcionarios solo uno cumple esta condición. Y Teruel únicamente cuenta con un trabajador adscrito al área de Urbanismo.
Por otro lado, todos los ayuntamientos tratan de compensar estas carencias alegando que han aprobado alguna norma cuyo objeto es la protección del medio ambiente, aunque realmente (según indica la Cámara de Cuentas) Tarazona no aporta ninguna ordenanza que se refiera directamente a garantizar el control verde o que regule la contaminación acústica o atmosférica o los residuos sólidos urbanos.
Recomendaciones
Peña evidenció igualmente que algunas localidades no hacen trabajos de inspección. Por eso el órgano de fiscalización autonómica recomienda a las entidades locales dotarse de Sistemas de Gestión Medioambiental (SGM) que les permitan identificar los aspectos que garanticen la biodiversidad en su actividad, los requisitos legales y reglamentarios aplicables, fijar los objetivos y metas verdes, establecer programas para alcanzar dichos objetivos y metas, planificar el control y establecer una política natural adecuada a las circunstancias de la entidad que, además, puedan ser homologados y certificados de acuerdo con la normativa internacional y europea existente.
