Roberto Pérez Rodríguez, cabecilla de la supuesta estafa de la Liga Nacional contra el Cáncer Infantil (Linceci) no solo quiso vincular su proyecto a instituciones de prestigio como la Clínica Universitaria de Navarra, el Val d’Hebrón de Barcelona o Aspanoa (que ha acabado siendo el denunciante del caso), sino que usó al actual gerente de Podemos nacional, Pablo Fernández Alarcón, para crear en Perú un call center similar al puesto en marcha en Zaragoza. Desde la formación morada señalaron que el político desconocía las presuntas irregularidades que rodeaban a esta asociación que recaudaba fondos para los enfermos.
El nexo de unión fue un empresario amigo en común, aunque el proyecto no se fraguó y el ahora encarcelado, de forma provisional, por este fraude llegó a sentirse estafado. Así se lo expresó a un socio suyo e investigado en este asunto, Óscar Alberto Araoz, en una conversación telefónica intervenida por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y que forma parte de las diligencias a la que tuvo acceso EL PERIÓDICO.
Roberto Pérez Rodríguez llamó a Óscar Alberto Araoz en tono muy cabreado por considerar que había perdido dinero. «¿En el viaje a Perú que fue el político y Jesús, en qué hotel se hospedaron?». Con esa pregunta se inicia la conversación en la que se instan mutuamente a buscar fotos realizadas con el podemista y a mirar facturas de lo que costó el hospedaje del Gran Hotel de Lima o el viaje. «Creo que unos 3.500 euros», señaló el principal encausado, tras hacer memoria.
A lo largo de la misma, Pérez Rodríguez asegura: «Quiero que me devuelva el dinero de Jesús, o sea, del político del viaje porque se les va a caer el pelo cuando digamos que nos quisieron contratar para hacer un chantaje, o sea una extorsión con Podemos». «¿Sabes qué voy a hacer con esto? Le estoy dando vueltas y me estoy poniendo malo», señala este investigado quien llega a asegurar que va a poner todo en manos de su abogado para demandar a su amigo empresario y que va a llamar a la prensa para contarlo. «Quiero que me devuelva todo, si no voy a por el político a los medios de comunicación por que tú sabes cómo están ahora con el tema de la política, no?», apostilla.
DE CICERONE
Desde Podemos reconocieron a este diario la existencia de dicho viaje a Perú por parte de su gerente y responsable de recursos humanos. Explicaron que el político madrileño, uno de los hombres fuertes de Pablo Iglesias en la retaguardia, vivió varios años en el país andino y que su labor fue la de «presentar a la gente a modo de cicerone». No tuvo más vinculación con este proyecto, añadieron estas mismas fuentes que insistieron en que Pablo Fernández Alarcón lo hizo por amistad con el empresario Jesús Abad, que el que le hizo la propuesta, y porque era para «una buena causa». De hecho, desde la formación incidieron en que «no sabía nada» de cómo han transcurrido los hechos.
No es el único pinchazo teléfono realizado por la Policía Nacional y autorizado por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, Soledad Alejandre. En las conversaciones, los agentes comprueban que Linceci «no es una asociación sin ánimo de lucro», sino que es un «negocio». De hecho, concluyen que el cáncer infantil es el pretexto, el motor, la coartada de todos que allí trabajan para obtener dinero de los donantes.
Prueba de ello es la conversación en la que Roberto Pérez Rodríguez compraba un Toyota Corola para su hija y preguntaba a su gestor a cuál de las diferentes sociedades que tiene lo podía inscribir.
No era el único gasto realizado a partir de las donaciones recaudadas, casi un millón euros al año gracias a la labor de venta de productos y solidarios o de campañas agresivas por teléfono que realizaban en su sede de la calle Carlos Marx. Destaca la Policía los restaurantes en los que «comía todos los días», todos ellos considerados de comida gourmet. Entre los platos del menú consumidos resaltan las angulas. Otra prueba del alto tren de vida, según los agentes, sería la adquisión de vehículos de marcas como BMW, Jaguar o Jeep, así como varias fincas en Peñíscola, Añón del Moncayo y en la capital aragonesa.
El Grupo de Blanqueo de Capitales cuantifica en 1,7 millones de euros los ingresos de Linceci y de 3,1 millones los de Bomberos Unidos Gestión Pymes. Entienden los investigadores que, a través de esta sociedad y del call center, también recaudaron ayudas para víctimas de catástrofes naturales, si bien consideran que el destino fue muy diferente.
El que fuera administrador y socio único de esta empresa, José Luis G. G. declaró ayer ante la Policía Nacional en calidad de investigado. Asistido por su abogado defensor, el penalista José Luis Melguizo, negó su implicación en la trama y explicó que él se dedica a hacer entregas a la oenegé Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) de 350.000 euros anuales. Presentó el contrato, los documentos que así lo certificarían y fue puesto en libertad, aunque permenece imputado en la causa.
Es el sexto implicado en una operación denominada Andes que se inició en julio del 2018 tras una denuncia de Aspanoa, después de que descubriera esta oenegé que Linceci no había destinado el dinero recaudado de la venta de 3.000 servilletas para la investigación Recaída 0.
